viernes, 5 de diciembre de 2008

ANEP ante la renegociación

ANEP ANTE LA RENEGOCIACIÓN
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

1- La ANEP ha planteado, desde hace ya varios años, la existencia en nuestro país de un modelo económico y social que tiende a la injusticia social y a la degradación humana y ambiental.

2- Este modelo le ha sido impuesto al pueblo costarricense por el bipartidismo tradicional “PLUSC” y por aquellos que fomentan el individualismo y el egoísmo por sobre la solidaridad, así como el beneficio de unos pocos en lugar de la inclusión social.

3- Los tratados de libre comercio (TLC’s), en consecuencia, no son sino reflejo de esa visión de mundo, precisamente la visión de mundo que finalmente, luego de dos décadas de hegemonía, ha entrado en crisis; en crisis energética, en crisis alimentaria, en crisis climática, en crisis ecológica y, la más espectacular (por ahora), en crisis financiera.

4- Frente a esa visión, en toda América Latina, desde la sociedad civil organizada y desde expresiones políticas diversas, cotidianamente se buscan y construyen alternativas que parten de valores superiores como la inclusión, la solidaridad, la sustentabilidad ambiental, la equidad y, en general, el bien común.

5- La ANEP es parte de este esfuerzo monumental. Somos parte de quienes soñamos con un mundo en el que quepamos todas las personas y en el que, por lo tanto, no se antepongan los intereses económicos de unos pocos sobre la vida y la dignidad de todas y de todos.

6- Sin embargo, a quienes nos enfrentamos a la cruda realidad del modelo que se nos ha impuesto, nos surge todos los días una difícil pregunta: ¿cómo se desmontan más de 25 años de neoliberalismo y cómo se pasa de la resistencia a la alternativa?

7- Si bien la respuesta es difícil, una cosa es clara: el “todo o nada” sólo causa frustración, es ineficaz y, al serlo, termina lastimando a los más indefensos frente a los poderosos.

8- Tampoco el reformismo pragmático es una alternativa ante la profundidad del abismo construido por ese modelo. Entre una y otra opciones, se encuentran cambios estratégicos que permiten avanzar hacia la construcción de una alternativa. En otras palabras, una incidencia política que no se guía sólo por fines pero tampoco sólo por medios.

9- El camino no es fácil, pero en gran medida descansa en aprovechar las “ventanas de oportunidades” existentes para generar cambios en la dirección deseada. Al hacerlo, también fortalecemos la articulación social y política que trabaja por esos cambios estratégicos. Quiere decir que mejoramos el único “motor” que nos permitirá avanzar: organización con articulación.

10- Al hacerlo también fortalecemos un “nosotros”, es decir, un sujeto socio-político, que será el verdadero protagonista, no la ANEP, no sus aliados, sino este sujeto socio-político, de ese largo camino.

11- El punto de partida es nuestra situación concreta, con sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. La única forma de cambiar nuestro camino es articulando reivindicaciones concretas en función de una meta de transformación profunda. Es por ello que no podemos y no debemos abandonar las oportunidades de incidir en aquellos cambios que no sólo sumen en el proceso de construcción de esa alternativa, sino que eviten la profundización de este devastador modelo.

12- Costa Rica tiene un TLC aprobado “legalmente”. Es también un TLC que carece de legitimidad social, producto de una mayor conciencia ciudadana, y producto de las más temibles y deplorables maniobras y manipulaciones legales, mediáticas, económicas y políticas del capital transnacional, expresadas en el país por medio de los testaferros empresarios-políticos y políticos-empresarios, de turno.

13- La posibilidad de reabrir la discusión sobre la forma en que se discutió el TLC, y sobre sus contenidos está siendo impulsada por diversos sectores en todos los países centroamericanos y en los propios Estados Unidos de América. Estar fuera de esa discusión o “esquivar el bulto” por la enormidad del desafío, no son opciones para la ANEP.

14- Todo lo contrario: debemos profundizar la discusión nacional en torno a la gravedad que los contenidos del TLC traerán para el país; y la necesidad de seguir construyendo una alternativa de país. Ahora, como en otras etapas de esta lucha, nuestros planteamientos deben contribuir a la articulación de ese nuevo y diverso sujeto socio-político.

15- En este momento, a los aliados estratégicos se suman otros, de carácter táctico. Son muchas las personas y organizaciones que nos reafirmamos en esa búsqueda de esa alternativa y en la constatación de lo degradante y destructor del modelo plasmado en el TLC. Cada vez más, son más los desencantados por el engaño y la manipulación del régimen de los Arias Sánchez, en asocio con el desprestigiado “PLUSC” y sus turecas del Movimiento Libertario y las diputaciones “independientes”. En contraposición y a nivel parlamentario, las fracciones legislativas de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión, han honrado un compromiso cívico y soberano que será reconocido por la historia, enfrentando el entreguismo vendepatria.

16- Hoy más que nunca debemos asumir nuestra responsabilidad y continuar con la tarea de la articulación del tejido social para la transformación social.

17- Esta transformación no puede esperar, y por el contrario, debe partir de necesidades concretas, como la defensa de los productores agrícolas y de nuestra soberanía alimentaria; de la defensa y mejoramiento de los servicios públicos estratégicos; de la defensa de la socialización del conocimiento y rechazo de su privatización; de la defensa de nuestro medio ambiente; de la defensa del derecho soberano de darnos nuestro propio proyecto de país, del derecho a un trabajo decente, a la Libertad Sindical y a una justa distribución de la riqueza y las oportunidades. Cualquier espacio de lucha para evitar que el TLC se aplique a plenitud, no es sólo una oportunidad, sino un deber.

18- Consta a plenitud a la ciudadanía costarricense la oposición rotunda de la ANEP a los TLC’s engendrados por la globalización neoliberal y anticristiana; y, particularmente, nuestra organización exhibe una trayectoria cristalina de más de seis años de oposición rotunda al TLC con los Estados Unidos de América por su pérfido contenido.

19- Si bien seguimos en contra de los tratados de libre comercio y de todo el modelo que implican, creemos que la construcción de un comercio justo y ético, al igual que un largo camino, comienza con el primer paso en la dirección correcta. Si damos ese paso, luego podemos dar otros.

20- Este camino implica grandes desafíos y dificultades, en buena medida por la existencia de intereses económicos que desde nuestro país se expresan en personas deseosas de venderse y vendernos al mejor postor.

21- Respetamos profundamente a aquellas personas u organizaciones que creen en el todo o nada y que, por lo tanto, estiman que es mejor quedarnos con el TLC tal y como fue aprobado, antes que iniciar ese camino gradual de construcción de alternativas aprovechando los espacios que se puedan abrir.

23- La posibilidad existe y no podemos ignorarla. Existe ya un proyecto de ley de renegociación de los tratados comerciales suscritos por EEUU, que fue presentado en el mes de junio de 2008 en EEUU por más de cuarenta congresistas y que se estima, hoy día, ya ha incrementado su apoyo a cerca de ciento cincuenta. Este proyecto incluye de forma expresa al TLC con Centroamérica y República Dominicana.

24- No sólo debemos recordar que el recién electo presidente de EEUU, señor Obama, planteó la necesidad de renegociar sus tratados comerciales; sino que el recién nombrado secretario de comercio, Bill Richardson, ya había planteado que no debía aprobarse un nuevo tratado comercial que no garantizara los derechos de las personas trabajadoras y la sustentabilidad ambiental.

25- Tal como está planteada, la posibilidad o el escenario de renegociación del TLC, incluye también aspectos que van más allá de la renegociación.

26- En primer lugar, el proyecto incluye la obligación de hacer un diagnóstico del impacto de los TLC’s basado en preguntas incómodas que de seguro arrojarán respuestas desafiantes. Entre ellas:

26.1-¿Cuál ha sido el efecto de las privatizaciones en el acceso de los consumidores a servicios esenciales como la atención de la salud, la electricidad, el agua, el servicio telefónico y otros servicios públicos?

26.2-¿Cuál ha sido el efecto sobre el precio de las medicinas?

26.3-¿Cuál ha sido el aumento en el narcotráfico como resultado de las presiones económicas sobre los agricultores que los lleva a tener cultivos ilícitos?

26.4- ¿Cuál ha sido el impacto en el incremento de la pobreza, como resultado del desplazamiento de los trabajadores en los sectores afectados por el acuerdo?

26.5-¿Cuál ha sido el impacto en la migración?


27-Este diagnóstico debe determinar si los países incluidos en los TLC’s:

a) son democráticos;

b) si respetan los derechos laborales en los términos definidos por el Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT;

c) si respetan derechos humanos fundamentales;

d) si están protegidos contra el tráfico de personas;

e) si han implementado políticas eficaces para combatir la corrupción, incluidas la evasión de impuestos y lavado de dinero;

f) si cumplen con los acuerdos multilaterales sobre el ambiente;

g) si tienen en ejecución leyes y reglamentos ambientales y laborales adecuados;

h) si han dedicado suficientes recursos para la aplicación de dichas leyes y prevé la transparencia gubernamental.

28- En segundo lugar, el proyecto de ley establece que estos informes deberán contener recomendaciones para modificar los TLC’s. De acuerdo al proyecto de ley, tanto los tratados ya negociados, como los que en el futuro se negocien, deben incluir mecanismos para cumplir efectivamente los derechos humanos, los derechos laborales y convenios ambientales; así como instrumentos que permitan combatir la corrupción pública y privada.

29- El proyecto establece que, en materia laboral, se debe exigir el cumplimiento eficaz de las normas laborales básicas; establecer mecanismos públicos de solución de controversias con participación sindical y de expertos en materia laboral; y así como de cumplimiento pleno e inmediato de las obligaciones laborales, tan eficaces como las comerciales.

30- Estos mecanismos deben incluir la disminución de sanciones comerciales en la medida en que se alcancen estándares de calidad; así como medidas de protección para los trabajadores que demandan el cumplimiento de estas obligaciones. Obliga a fortalecer la capacidad de cada país para promover y hacer cumplir las normas laborales básicas; establece una comisión con amplios poderes y participación sindical y de académicos de cada país para establecer indicadores específicos de cumplimiento.

31- En materia ambiental, prohíbe el debilitamiento, eliminación u omisión de la ejecución de normas ambientales o de interés público, para promover el comercio o atraer inversión; se obliga a cada país a la aplicación plena, de la legislación y los acuerdos ambientales multilaterales; prohíbe el comercio de productos ilegalmente cultivados, extraídos o explotados, incluyendo madera, peces, vida silvestre y productos asociados, recursos minerales, u otros bienes ambientalmente sensibles.

32- El incumplimiento de las normas ambientales exigidas por el acuerdo, también estará sujeto a mecanismos de ejecución y solución de controversias y sanciones que sean, al menos, tan eficaces como los comerciales. De igual forma establece que se debe permitir a cada país, la adopción e implementación de las normas que sean necesarias para proteger el ambiente y la salud y seguridad públicas.

33- Reconoce el derecho soberano de que cada país defina cuáles servicios estratégicos no deberán ser abiertos ni privatizados, tales como la seguridad social, la salud, la seguridad pública, la educación, el agua, puertos y transportes u otros servicios públicos; y, en general, se debe pasar a un sistema de lista positiva donde expresamente se indique cuáles servicios estarán sometidos al tratado; y no se debe someter a los gobiernos locales a las obligaciones sobre servicios que establece el acuerdo.

34- Reconoce el derecho soberano de regular las inversiones extranjeras, en términos de necesidades y prioridades; de establecer controles al movimiento de capitales; obliga a no imponer mecanismos de solución de controversias privilegiados en favor de los inversionistas; y a no incluir dentro de las indemnizaciones las ganancias dejadas de percibir.

35- Obliga a regular las compras del Estado por medio de listas positivas; así como incluir como requisitos de los contratos públicos el respeto a políticas salariales; políticas de contenidos reciclables; políticas de cosechas sostenibles; políticas de energía renovable; derechos humanos, o acuerdos laborales.

36- Obliga a regular la propiedad intelectual sin limitar lo ya establecido en la OMC; a regular el conocimiento tradicional de acuerdo a lo establecido por la Convención de Diversidad Biológica; y a garantizar el acceso público a los medicamentos esenciales y a tecnologías necesarias para prevenir el cambio climático.

37- Plantea garantizar a los agricultores ingresos adecuados, justos y estables; proteger el derecho de cada país a fomentar la conservación, a través de la utilización de las mejores prácticas relacionadas con la gestión y producción de cultivos; así como proteger a cada país ante el “dumping” o comercio desleal, incluyendo las salvaguardas agrícolas.

38- Con relación a la asistencia técnica, establece que ésta no será sustituto de la asistencia económica, y debe dirigirse a asegurar la diversidad en el modelo de desarrollo escogido por cada país; a empoderar a la sociedad civil y a garantizar los derechos básicos.

39- Finalmente, dentro de sus previsiones, este proyecto incluye la prioridad en la aplicación de acuerdos bilaterales o multilaterales relativos a la salud pública, derechos humanos y laborales, el ambiente, u otros objetivos de interés público, en caso que haya una inconsistencia entre un acuerdo de comercio y esos acuerdos bilaterales o multilaterales.

40- Un proceso de esta naturaleza no tiene garantías de ningún tipo. La única certeza que tenemos es que la peor pelea es la que no se da: la aplicación plena del TLC tal y como fue aprobado será devastador para amplios sectores de la sociedad centroamericana y para el medio ambiente. Ni éste ni aquella pueden darse el lujo de no dar nuestro mejor esfuerzo para lograr una verdadera negociación.

41- Sería ingenuo pensar en un proceso de renegociación “mágico”. Los intereses del capital neoliberal transnacional y de sus lacayos en suelo nacional son de tal magnitud y de tal poder, que conspirarán, por todos los medios a su alcance, para abortar cualquier intento, por mínimo que sea, de que tal proceso arranque, avance o se materialice. Entender esto es imprescindible si queremos comprender la dimensión del carácter de la lucha sociopolítica y cívica que habrá que dar.

42- El proyecto de ley presentado en el Congreso de EEUU es un buen punto de partida, producto, sin duda, del trabajo de miles de personas, que con su esfuerzo, su lucha inclaudicable y sus mejores ideas, han demostrado que es necesario iniciar la construcción de un mundo distinto. Tal y como dijo un gran luchador, nosotros y nosotras, queremos ser obreros y obreras en la construcción de la Patria del Futuro.

43- Por tanto, atendiendo a la definición de nuestra misión como organización sociopolítica de carácter sindical, que dice: “Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa”; a la vez, siguiendo con la Estrategia Principal que guía el accionar de la ANEP que dice: “Interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento histórico así lo determinan”; la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se pronuncia por un proceso interno y externo de divulgación, incidencia, presión, organización y movilización social, en aras de que se dé un profundo proceso de renegociación del TLC con los Estados Unidos de América que le fuera impuesto a los pueblos centroamericanos.

44- Hacemos un vehemente llamado a nuestras organizaciones sindicales hermanas de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP); de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC); de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en la región mesoamericana; hacemos un llamado a todo el Movimiento Sindical Costarricense; a todos los sectores sociales, cívicos, académicos, intelectuales, políticos, comunales, ecologistas, estudiantiles, de mujeres, cooperativistas, eclesiales; a las fuerzas político-partidistas que han integrado el histórico Movimiento Patriótico del NO al TLC, para que reconstruyamos la articulación necesaria que ha de enfrentar el desafío de un eventual proceso de renegociación del TLC, según los parámetros del proyecto de ley que está ya en la corriente legislativa del congreso estadounidense.

45- En lo inmediato, debemos conjuntarnos para mandar un poderoso mensaje al nuevo gobierno de los Estados Unidos, del señor Presidente Barack Obama, en el sentido de que en el caso de Costa Rica, no certifique ni el TLC ni sus leyes de implementación, considerando no solamente el contenido del proyecto de ley de renegociación ya mencionado; sino valorando la enorme lista de irregularidades de fondo y procedimentales, parlamentarias y constitucionales, ocurridas en nuestro país que tornan ilegítimo ese TLC.

46. Tal manifestación deberá incluir, en forma absolutamente categórica, que vetamos, (si se abre una renegociación), al equipo negociador costarricense del TLC, atrincherado en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), por ser representante de un reducido grupo de empresas, no de todas las empresas del país; amén de que actuaron en esa negociación con una posición totalmente entreguista, ajena al interés de las grandes mayorías nacionales y del bien común.

47- Finalmente, renovamos nuestra convicción de que el ejercicio de la democracia es mucho más profundo que el acto electoral cuatrienal, ya de por sí profundamente significativo. Renovamos nuestra convicción en que la movilización social pacífica, que hemos denominado Democracia de la Calle, es un instrumento de participación ciudadana enraizado ya en la conciencia del pueblo costarricense y, en tal sentido, su instrumento más inmediato, el Referéndum de la Calle, conserva plena validez para un escenario como el que se ve venir de eventual renegociación del TLC.

San José, viernes 5 de diciembre de 2008

A NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

No hay comentarios: