Mujeres y hombres de sangre caliente

A todos los patriotas que han dado su mejor esfuerzo y han luchado “por la vida”

edison, 29 de noviembre 2008

I. GÉNESIS

De lo profundo
del tiempo y el espacio
surge la vida:

hielo y fuego, polvo de estrellas,
hijos de Inti el sol,
hombres y mujeres de piedra;

mujeres y hombres de maíz,
hijos de Sibö,
hermanos de Batsú el colibrí.

Hombres y mujeres cósmicos,
volcánicos,
hermanos del rayo, la montaña
y un pájaro de colores que los abuelos llaman rualdo
y que una mañana hizo un trato con el volcán Barvac:

cambiar su bello canto
por la vida de la princesa güetar.


II. LO QUE CUENTA EL VIENTO Y CANTE EL RÍO

¿Qué cuenta el viento de noviembre,
qué canta el agua del río?

Cuentan y cantan
las historias
de los que han marchado a las estrellas.

También cuenta el río y canta el viento
que mujeres y hombres
del nuevo siglo
ganan batallas
en su lucha por la vida:

Sardinal, Osa, Crucitas, Upala, Guatuso,
Los Chiles, San Carlos, Guácimo, Siquirres,
Puerto Viejo, Talamanca, Turrialba, Lagarto,
Abangares, Nicoya, Santa Cruz, Montes de Oro,
Buenos Aires, Dominical, Térraba, Poás,
Carrizal, Coronado, Moravia, Pasoancho

y la tierra de los santos:
Isidro, Bárbara, Pablo, Antonio, Domingo,
Rafael, Miguel, Luis, José de la Montaña
y el santo rebelde Barvac.

¡Honor y gloria a los guerreros de sangre caliente,
hijos e hijas de las estrellas, del sol, del maíz…
de la patria buena!

Declaración del Cacique Guaicaipuro Cuactémoc Atahualpa Lautaro

Por: Cacique Guaicaipuro Cuactémoc Atahualpa Lautaro. Exposición delante la reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Europea:


"Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuatemoc he venido a encontrar a los que celebran el encuentro.

Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo quinientos años.

Aquí pues, nos encontramos todos.

Sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca tendremos otra cosa.

El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron.

El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autorice a venderme.

El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento.

Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América.

¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su Séptimo Mandamiento.

¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano!

¿Genocidio? Eso seria dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos!

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros prestamos amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario seria presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios.

Yo, Guaicaipuro Cuatemoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis.

Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan "Marshalltezuma", para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores del álgebra, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.

Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional?

Deploramos decir que no.

En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.

En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el Tercer Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capital y los intereses, que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar.

Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que en ocasiones los hermanos europeos les cobran a los pueblos del Tercer Mundo.

Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado sólo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia.

Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 484.147 Billones de kilos de oro y 42 Trillones de kilos de plata.

Es decir, masas que hoy equivalen a 212.345 millones de veces la producción mundial de oro por año, y 3.164 Billones de veces la de plata. El total también corresponde al 70% de toda la corteza terrestre, o al 0,7% de todo el planeta.

Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuanto pesarían, calculadas en sangre?

Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés, sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo.

Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos.

Pero sí exigimos la firma de una Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores del Viejo Continente; y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera, como primer pago de la deuda histórica..."

Cuando el Cacique Guaicaipuro Cuatemoc dio su conferencia ante la reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Europea, no sabía que estaba exponiendo una tesis de Derecho Internacional para determinar LA VERDADERA DEUDA EXTERNA.

Ahora sólo resta que los gobierno latinoamericano se unan y tengan el valor suficiente para hacer los reclamo ante los Tribunales Internacionales.


(Buscando información del Cacique, hemos encontrado varios documentos en internet que aseguran que no existió, pero aún así nos pareció importante publicarlo. Sensibiliza y llama a no olvidar el abuso)

Comunicado de Prensa - ANEP

AGUINALDO:
BRINDEMOS SOLIDARIDAD AL PUEBLO DE LIMÓN

Hacemos un vehemente llamado para que toda la clase trabajadora costarricense asalariada, comparta un poquito de su aguinaldo con el pueblo de la provincia de Limón, agobiado por las más recientes inundaciones de las intensas lluvias de los últimos días, causando tal cantidad de daños como pocas veces vistos en los últimos tiempos.

La llegada del aguinaldo a los hogares de las familias trabajadoras asalariadas con empleo formal, representa un leve respiro económico en momentos en los cuales la carestía del costo de la vida ha generado restricciones severas en el consumo, alto endeudamiento y no pocas incertidumbres sobre el futuro inmediato.

Sin embargo, sentimos que es posible un pequeño desprendimiento de profundo carácter solidario y aun en medio de la estrechez económica de quien depende de un salario para vivir, extender la mano como gesto de ayuda para con quienes viven momentos difíciles como nuestros compatriotas limonenses.

Tengamos presente que, como siempre es así, es la gente humilde, la gente del pueblo, la gente excluida de los beneficios del crecimiento económico, la que sufre las consecuencias de este tipo de tragedias. En fin, son nuestros iguales y nuestras iguales, gente como uno, la que necesita de nuestra modesta pero valiosísima ayuda solidaria.

San José, domingo 30 de noviembre de 2008.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General
www.anep.or.cr

Ojo Crítico

Rodolfo Cerdas
Politólogo

Ni todo el periódico y menos esta columna, alcanzarían para analizar esta Costa Rica tan confundida y como pasmada, frente al vendaval que la azota. Basten unos ejemplos, que muestran cómo el Gobierno anda por un lado y las buenas gentes por otro y que hay un abismo, profundo y peligroso, entre lo que se dice y lo que se hace.

En una construcción hotelera en Sardinal se hacinaron en barracas, violando sus derechos y casi como esclavos, más de mil obreros, hasta que uno murió. Entonces la ministra de Salud, pronto y bien, intervino y detuvo la obra. Pero, asombrosamente, fue notoria la ausencia e inocuidad del Ministerio de Trabajo. ¿Esta indiferencia injustificable es otro ejemplo de lo que significa “democratización de la democracia”, en el confuso acervo ideológico de esta novísima socialdemocracia en el poder?

En Sardinal –¡viva ese pueblo!– la gente sacó a la luz las violaciones cometidas por AyA en pro de los desarrolladores privados. Sin los estudios exigidos por ley, firmó acuerdos y contrajo compromisos indebidamente. Después intentó, y sigue intentando, tapar su gracia como los gatos y hasta montó una campaña retorciendo la realidad y simulando que estudios tardíos y hasta reprensiones posteriores bonifican su desafuero. El mentís tajante lo ha dado nada menos que la Contraloría, pero el Ejecutivo, tan en paz con la naturaleza que parece muerto, sigue mudo y cómplice.

Lo de Taiwán no resultó nada bien. Hay que llegar hasta el fondo, sin admitir leguleyadas que burlen la ley y los controles. Cuando un tinterillo encuentra una rendija –como que los fondos son privados y no públicos–, hay que ponerle un valladar político, máxime si es obvio el propósito de hallar portillos para saltarse la ley y burlar los controles institucionales.

Lo del subdirector de la DIS no admite encubrimientos, como eso de focalizarse en el acusado y abrir una pseudoinvestigación a cargo de los jefes de la entidad. Hay que cerrar de una vez ese centro de espionaje inconstitucional contra la ciudadanía y pasar sus fondos y documentos al OIJ y otros entes: la DIS sirve para lo que no debe; y para lo que sí debe, no sirve.

Con la inundación, la peor en cuarenta años y con más de treinta mil damnificados, el Ejecutivo se retardó hasta el puro final para promulgar el urgente decreto de emergencia. En tanto, el jefe de la Comisión respectiva es criticado por el propio oficialismo porque no supo gastar a tiempo la plata que tenía; y el Presidente Arias –lo mismo que su colega Torrijos, que canceló su gira por España para regresarse a Panamá– se puso sus botas y dijo !presente! Pero no en Sixaola y Talamanca, cuyas gentes lo hicieron presidente, sino en Qatar y Singapur. ¡Pobres caracoles!

Oficina Ejecutora de Paz con la Naturaleza habla

Al fin desde el mismo seno de Paz con la Naturaleza se cuestiona y desnuda el decreto del Presidente Arias y al Ministro Dobles

Al fin de manera publica, y desde el mismísimo Zapote, Pedro León, Director de la Oficina Ejecutora de Paz con la Naturaleza, desafía el decreto del Presidente Arias y el Ministro Dobles sobre la minería a cielo abierto.

Interesante pronunciamiento, el cual ojala se pudiera constituir en una especie de documento coadyuvante a tomar en cuenta por la Sala Constitucional. Con este pronunciamiento, Pedro suma su voz a las de otras personas como Alvaro Ugalde, Mario Boza, Preserve Planet, Alvaro Sagot, Edgardo Araya, Allan Astorga, Quirico, la Defensoria de los Habitantes y cientos mas de personas e instituciones que recurren constantemente a la Sala Cuarta con recursos de amparo, y de inconstitucionalidad por los atropellos al ambiente.

Es muy probable que el decreto de este gobierno respecto a las Crucitas caiga tarde o temprano, es muy probable que cada vez mas la misma Contraloría, el Ministerio Publico, la Defensoria y en la misma Asamblea se ponga limites a los desenfrenos en Osa, Guanacaste, San Carlos, Limón sobretodo en la medida en que se aproximan las próximas elecciones y los que busquen nuestros votos tengan que rendir cuentas. Lamentablemente mucho daño se ha hecho al ambiente y al prestigio del país. Hay que seguir apoyándonos y seguir trabajando muy fuerte en tratar que no nos dejen un de comunidades secas, manglares en cenizas, y la pobreza en aumento mientras a estas empresas se les ofrecen nuestros recursos naturales por un 2% de regalías sobre las utilidades..... Como en los mejores tiempos de las bananeras....el resultado ya esta a la vista.

______________
Pronunciamiento de la Oficina Ejecutora Paz con la Naturaleza sobre Minería

____________
Ante los recientes acontecimientos ocurridos en el país y vinculados al tema de la minería, y a solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil respecto a la posición de la Oficina Ejecutora de la Iniciativa Paz con la Naturaleza (IPN) sobre el tema se aclara lo siguiente:

1. La Iniciativa es una entidad gubernamental asesora y, por tanto, no forma parte del proceso de tramitación de permisos y autorizaciones que resuelve la administración del Estado. La Oficina Ejecutora de la Iniciativa es un grupo técnico asesor, que recomienda acciones a solicitud del Sr. Presidente de la República o del Comité Ejecutivo de la IPN creado por Decreto No. 33487-MP del 29 diciembre 2006. El decreto también establece un Consejo Presidencial de 23 miembros, escogidos por sus conocimientos y experiencia en temas ambientales, quienes colaboran de forma ad honores.

2. Para lograr tener un efecto perdurable, la IPN ha iniciado una serie de proyectos que consideramos trascendentes, como los son: (1) la actualización del currículo de la enseñanza pública en colaboración con el Ministerio de Educación Pública (MEP), para incorporar los nuevos conceptos de educación ambiental para el desarrollo sostenible, así como los instrumentos para poder responder a la crisis ambiental; (2) la ambientalización del sector público, para orientarlo hacia buenas prácticas ambientales en colaboración con la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental en el Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET); (3) la creación de un fondo patrimonial permanente para la áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas de conservación (SINAC), con el proyecto Costa Rica por Siempre; (4) el apoyo a la gestión de varios ministerios para designar un instrumento de alta resolución como base para el Ordenamiento Territorial, así como (5) el desarrollo de acciones, en colaboración con el MINAET, la Cancillería y otros ministerios, que conduzcan al país hacia la C-neutralidad.

3. En lo referente a la minería metálica a cielo-abierto, el grupo técnico de la Oficina Ejecutora ha expresado que se trata de una actividad de alto impacto, razón por la cual se elaboró un documento conocido como Política de Salvaguarda Ambiental para la Minería en Costa Rica, para facilitar el proceso de toma de decisiones en la actividad minera. Este fue conocido por el Comité Ejecutivo de la IPN el 21 de Mayo de 2008 e incluido en parte en el Decreto No.34801-MINAE.

4. En dicho documento de Salvaguarda, se indica: "La actividad minera, tanto metálica, como no metálica, entendida ésta como la forma de extraer por parte de los seres humanos, los recursos minerales del suelo y del subsuelo superior de la corteza terrestre, representa por su naturaleza una actividad que impacta negativamente el ambiente. No obstante, en algunos casos es una actividad que requiere ser realizada a fin de que se disponga de fuentes de materiales minerales para el desarrollo de las actividades productivas, como la construcción y la industria".

5. El documento explica, además, que en Costa Rica hay poca tradición en minera metálica. También se señala que pocas experiencias con la minería metálica en el Trópico, han sido positivas. Es ampliamente reconocido que tenemos un Código de Minería obsoleto con cánones muy bajos.

6. En cuanto al tema de Las Crucitas, la Sala Constitucional tramita actualmente varios recursos interpuestos sobre la legalidad de la Declaratoria de Conveniencia Nacional para otorgar el permiso de cambio de uso del suelo, por lo que consideramos inapropiado emitir juicios y opiniones al respecto.

7. Los costarricenses rechazamos la tala de árboles, talvez porque durante los años 70s-80s llegamos a deforestar hasta 60,000 hectáreas por año. Hoy la respuesta de diversos sectores de la sociedad a las imágenes de los noticieros sobre Las Crucitas demuestra una gran preocupación por el ambiente y una gran valoración de la flora y fauna, como nunca antes en nuestra historia.


POR TANTO, nuestras recomendaciones al Señor Presidente de la República, basadas en criterios técnicos y en los principios que rigen a la Iniciativa Paz con la Naturaleza son las siguientes:


1. Con fundamento en el principio precautorio reconocido en nuestra legislación, le instamos a declarar una moratoria a la minería metálica a cielo-abierto, hasta tanto se revise y actualice el Código de Minería.

2. La moratoria permitiría iniciar un Diálogo Nacional sobre la conveniencia de la minería metálica a cielo abierto, en que diferentes puntos de vista sean atendidos y analizados, entre ellos el balance entre aspectos ambientales, económicos y sociales.

3. Sugerimos también que se incluyan las salvaguardas completas elaboradas por la Oficina Ejecutora de la Iniciativa Paz con la Naturaleza y aprobadas por el Comité Ejecutivo, en la nueva legislación.

4. Sugerimos la creación de un grupo de trabajo amplio, con la participación de las partes interesadas, para producir con diligencia un "Moderno Código de Minería", que contemple los estándares impuestos por las mejores prácticas internacionales.

Este sitio WEB contiene información adicional sobre nuestros proyectos así como los documentos de Salvaguardas y de Principios (www.pazconlanaturaleza.org).

Pedro León Azofeifa
Coordinador Oficina Ejecutora Paz con la Naturaleza

21 de noviembre, 2008

El decreto minero

El señor Presidente Oscar Arias y el señor Ministro del Ambiente Roberto Dobles, tienen la obligación de explicar los motivos, razones o circunstancias, por los que se derogó el Decreto de moratoria a la explotación minera a cielo abierto de oro, cobre, plata y metales pesados de manera muy personal, pues una decisión de trascendental importancia como esta, donde un decreto anula otro que protege el medio ambiente, donde se abre el portillo a una industria considerada altamente destructiva como lo es la minería a cielo abierto de metales pesados, sin ninguna justificación, sin tomar en cuenta la opinión soberana del pueblo, es creo yo, una muestra de irrespeto al pueblo que lo eligió para defender los intereses del país y no los intereses de compañías transnacionales, estableciendo un reglamento que para quienes hemos estado paso a paso en esta lucha, fue claramente elaborado por personeros de la transnacional minera, que pretenden llevarse nuestros tesoros, por míseras limosnas.

Ridículamente en dicho reglamento se comenta de las bondades de la empresa minera en los diferentes cursos de capacitación a los vecinos, pero no se indica que son o fueron impartidos por funcionarios del INA, arreglos de caminos pero donde participó maquinaria municipal, abandonando incluso el antiguo y original camino al caserío de las Crucitas, para favorecer los intereses de la empresa, o llevar la electricidad pero con contribuciones muy generosas de vecinos y de la empresa eléctrica Coopelesca.

Quisiera saber donde está la justificación que abrió el portillo que permite la explotación de oro mediante el método de lixiviación con cianuro, sustancia altamente tóxica que va a envenenar una laguna de colas de 140 hectáreas, que contaminará suelos, aguas freáticas, superficiales y de escorrentía, que enviará millones de toneladas de CO2 a la atmósfera contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático, en éstas horas aciagas para la humanidad, esa que clama a gritos por agua potable que dicho sea de paso, el mineral más valioso que existe en nuestro planeta y que mina Crucitas contaminaría aproximadamente 35000 litros por hora, para explotar unos gramos de oro, por Dios que alguien me demuestre que esto no es una locura.

Quisiera saber donde está la justificación que permitirá el trasiego del doblemente venenoso cianuro de sodio, que será transportado por mar y tierra en nuestro territorio nacional, por empresarios que no tienen la capacidad económica para pagar un posible desastre ambiental, porque la empresa minera no se hace responsable del transporte de dicha sal, sino que eso es responsabilidad de los transportistas.

A todas luces, el decreto que elimina la moratoria a la minería de oro y otros metales pesados a cielo abierto, no es para favorecer al país con su política de paz con la naturaleza, sino a las transnacionales mineras que con sus millonarios aportes, no solo corrompen seres humanos, sino que destruyen lo que tan generosamente Dios nos dió, nuestra bella madre tierra.

Profesor de ciencias y ecologista
Carlos Manuel Murillo Ulate
Ced: 9 – 022 – 698
Miembro del Frente de Oposición a la Minería

Lo que dice la Contraloría no lo dijo el Ministro Dobles en Sardinal

Conclusiones del Informe de la Contraloría General de la República, No. DEFOE-ED-22-2008 (páginas 35 y 36):

"Se autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, sin contar con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, que realmente evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer los 5.000 servicios requeridos por los desarrolladores, así como la demanda futura para el resto de la población de la zona.

Producto de los estudios realizados por acuerdo de la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, se establece que es factible la explotación del acuífero Sardinal por etapas, conforme el incremento real de la demanda, con una explotación de 70 litros por segundo hasta el 2010 y luego basados en los resultados del proceso de monitoreo la extracción de 105 litros por segundo.

No obstante, en el "Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal", elaborado por SENARA, se señala que debe evaluarse el efecto de la extracción de los cuatros pozos para el proyecto Sardinal, dado que se encuentran ubicados aguas abajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual, según se indicó, posiblemente se encuentra en un estado de sobreexplotación. Dicho estudio fue conocido por la mencionada Comisión y ésta no se refirió a la aludida microcuenca".

"Quién lea las conclusiones del informe de la Contraloría y haya oído al Ministro Dobles en Sardinal, sabe que dije la verdad", afirmó el Diputado José Merino, en referencia al comunicado difundido por el titular del MÍNAET. "Reitero que el Ministro le ocultó a la población en su exposición los alcances del informe de SENARA", agregó.

Dijo el legislador del Frente Amplio que "Hay cientos de habitantes de Sardinal, presentes en la Asamblea del pasado 9 de noviembre, que pueden testificar que el Ministro Dobles, nunca se refirió durante su intervención al estudio técnico de SENARA. El le dijo a la gente que había agua suficiente para los megaproyectos turísticos, sin hacer referencia alguna, en actitud similar a la Comisión Técnica, a la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, la cual se supone en estado de sobreexplotación. Pudo haber entregado los documentos, pero ocultó su contenido a los presentes durante su exposición oral".

Además no es cierto tampoco, como dice el comunicado del MINAET, que el informe de la Comisión Interinstitucional, incluido el informe del SENARA, se encuentre en las páginas web de MINAET, SENARA y AyA. Por lo menos no está disponible fácilmente para la población, ni se le logra ubicar por algún sistema de búsqueda interno de las páginas web o externo.


Visite:
http://www.frenteamplio.org

Defendamos nuestras semillas criollas

DEFENDAMOS NUESTRA IDENTIDAD

DEFENDAMOS NUESTRAS SEMILLAS CRIOLLAS

ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS CON EL DIPUTADO JOSE MERINO

LUNES 01 DE DICIEMBRE 2008.
LUGAR ANTIGUA CAPILLA DE SION,
ASAMBLEA LEGISLATIVA
HORA 5:00 PM


Partiendo de la orientación trazada durante este año, para ir creando las bases para articular una plataforma nacional, que desde lo local trabaja para establecer territorios (cantones) ecológicos, con una política municipal participativa que garantiza la producción orgánica sostenible, la conservación de la semillas criollas, el establecimiento de un sistema de mercado local solidario y el no uso de semillas transgénicas. Entendido esto como un modelo de desarrollo alternativo que tiene como protagonista un fuerte movimiento social de carácter comunitario, que respeta la identidad y las manifestaciones propias de las comunidades.

Luego de lograr que ya estemos con 6 cantones y sus municipalidades declaradas TERRITORIOS ECOLOGICOS Y LIBRES DE TRANSGENICOS (NICOYA, TALAMANCA, ABANGARES, SAN ISIDRO, PARAISO, SANTA CRUZ).

Consideramos importante seguir avanzando en dicha articulación, por ello convocamos a la celebración de la SEMANA DE LA SEMILLA CRIOLLA. Como evento de apertura de esta semana, tendremos un encuentro de organizaciones campesinas, indígenas, no gubernamentales, así como destacadas personalidades que trabajan para forjar un proceso de desarrollo partiendo de las capacidades locales, especialmente las campesinas e indígenas, con el Diputado José Merino.

Esperamos compartir una noche de semillas criollas, de identidad nacional y de esperanza de una nueva y productiva cosecha.

Saludos solidarios,
WILMAR MATARRITA
PRESIDENTE
RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS

El espejismo de la renegociación del TLC

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES (PRT)
EL ESPEJISMO DE LA RENEGOCIACIÓN DEL T.L .C.

El 8 de octubre un grupo de dirigentes políticos, sindicales y religiosos, encabezados por Otón Solís del PAC, ilusionados con el triunfo electoral de Obama en Estados Unidos, emiten un comunicado dónde proponen –una vez más- renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC). Entre quienes firman este Tratado están Albino Vargas secretario general de la ANEP y José Merino, diputado del Frente Amplio.

Tal parece que piensan que al cambiar de presidente, el imperialismo norteamericano dejará de ser rapaz, y por obra y gracia de don Otón Solís, nos va a obsequiar "un TLC bueno". El problema de fondo es que estos sectores burgueses "antineoliberales", burocráticos y reformistas a lo más que sueñan es a salvar sus negocios ante todo, pero no entienden ni quieren entender que la voracidad del imperialismo es su naturaleza esencial. Ni siquiera sacan esa conclusión frente a la evidencia brutal que tienen ante sus narices: la recesión económica provocada por la desaforada sed de ganancias y el pillaje de los tiburones de Wall Street.

Además -más grave aún- estos personajes no aprenden o no quieren aprender de las grandes lecciones que nos deparó la experiencia del referéndum. No olvidemos que fue precisamente el espejismo de la renegociación del TLC que auspiciaron, con bombos y platillos, Otón Solís y Eugenio Trejos, lo que más confundió a la población y favoreció la contraofensiva del Gobierno (con la ayuda de Susan Schwab del gobierno de Bush y CNN) en el tramo final de la campaña.

Pero podría pensarse que el escenario es otro, y que ahora la táctica de la renegociación podría rendir sus frutos. Una pregunta muy simple queremos hacer a quienes alientan esas ilusiones: ¿quiénes renegocian en ambos lados ? …y por supuesto ¿qué es lo que van a renegociar ? La respuesta debería ser suficiente para darse cuenta del espejismo que re-inventan. Pues bien, resulta que en Costa Rica aún son Gobierno los Arias y está por verse lo que pase en la elecciones del 2010. De Barack Obama no creemos que trate de suavizar nada en cuanto a las relaciones de saqueo que el imperio norteamericano impone sobre América Latina, máxime en tiempos de profunda recesión de la economía norteamericana. Todo lo contrario. No es casual que el futuro capo de las finanzas del gobierno de Obama será Paul Volcker, un viejo zorro neoliberal que ha servido a los gobiernos demócratas y republicanos por igual.

Sin embargo la treta ilusoria de la renegociación del TLC es aún más nefasta, si considermos que ya las leyes de la agenda de implementación fueron aprobadas una a una. Es decir –hipotéticamente- aún desapareciendo el TLC con Estados Unidos, en nuestro marco jurídico se mantendría intacto todo el desmantelamiento de las conquistas sociales que se impuso con la agenda de implementación, desde la destrucción del monopolio estatal de seguros, energía y telecomunicaciones, la apertura irrestricta al capital extranjero en todas las áreas, las funestas leyes de propiedad intelectual y patentes, etc., etc. Entonces : ¿de qué renegociación hablan ?

Para el movimiento obrero y popular no hay otra alternativa que reagruparse, resistir y prepararse para la batalla en las calles. En lugar de buscar atajos reformistas inexistentes, que en verdad nos conducen a un callejón sin salida, de lo que se trata es de construir una alternativa política, independiente de los patrones de cualquier signo, que vaya construyendo el tejido social y el programa frente a la barbarie capitalista, para luchar por lo que realmente necesita nuestro pueblo y los pueblos del mundo: el socialismo.

Comité Ejecutivo P.R.T. - San José, 27 de noviembre del 2008

Alfabeticemos

Un buen día Miriam Zamora y yo decidimos hacer dos cosas como cosa "de nosotras"

Una fue el planton ante la Sala que no tuvo gran apoyo de las ya cansadas fuerzas del movimiento patriotico y solo contamos con muy pocas personas para que hicieran mella en los señores de la sala cuatrera por cuanto ha robado la justicia de nuestro pais.

La segunda idea fue que visitando los colegios alrededor de nuestras viviendas, podriamos aunque fuera muy poco, hacer una pequeña encuesta a los profesores en sus aulas.

Pensamos en seis preguntas cortas que les dieran a ellos algo en que pensar y a nosotros una pestañita para halar de ahi algun respaldo de parte de algunos de ellos.

Bueno para tal efecto en el Colegio Vargas Calvo, encontramos a la excelente directora de cursos academicos Xenia quien no nos dio permiso para eso sino que nos ofrecio participar en una ronda de actividades que harian posterior a que los alumnos salieran y nos quedo de llamar.

Efectivamente nos llamo la profesora Xenia para invitarnos a dar a los profesores la charla que quisieramos el dia 4 de diciembre contando con una hora y media para ello.

Bueno esa es una experiencia muy gratificante y quisieramos que algun grupo se interesara en ello. Nosotras somos muy pocas para seguir con una labor tan exitosa si un grupo mayor se integra.

La labor consiste en hablar en los colegios, las charlas las pueden dar ustedes mismos o bien los expertos en diferentes temas.

El tema que escogimos fue el agua y el Dr Freddy Pacheco gustosamente como son los nuestros,
la va a impartir.

Recuerden que informar es enseñar y solo asi podemos cambiar esta sociedad.

No necesariamente debemos avocarnos a politica electoral, que tampoco rechazo y menos satanizo por ser tambien parte del quehacer nuestro, pero esto debemos emprenderlo para salir e nuestros grupos y proyectarnos a la comunidad mediante los colegios y escuelas.

Si alguno quiere tomar la idea y aunque sea un centro visitar para tal efecto, nos encantaria que
sirviera nuestra experiencia exitosa para otros lugares y grupos.

Si alguno quiere ir a visitar algun colegio o escuela, ahora o cuando reingresen, y quiere que yo le acompañe, gustosamente lo haria.

Escribo con minuscula a solicitud de Stella Chinchilla, otra buena idea.

leda mendez

Para estos días en la Asamblea

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
Fracción del Partido Acción Ciudadana
Miércoles 26 de noviembre del 2008

Comunicado de Prensa

Aprobada agenda extraordinaria de trabajo legislativo

Mañana jueves 27 de noviembre a partir de las 9.30 hasta las 12.30 se agendaron los proyectos de la Ley que autoriza el Cambio de nombre de la JPS(16.063), ley de Marco de concesión de aguas para la generación de energía hidroeléctrica(16.949) y la reforma a la ley 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción y sus reformas(17.123).

Por otro lado, con respecto al proyecto de Ley de Tránsito éste se encuentra en la comisión de redacción que le corresponde remitir el texto final al Plenario. Y en relación al proyecto de Seguridad, el día de ayer (martes 25), fue su última sesión para la presentación de mociones de fondo, ahora le corresponde a la comisión estudiarlas para resolver y remitir nuevamente el texto al Plenario.

Solidaridad con los indígenas

El Partido Acción Ciudadana y su Fracción Legislativa están organizando una recolecta de alimentos básicos no perecederos y ropa en buen estado para nuestros hermanos y hermanas de Limón, afectados por las inundaciones de las últimas semanas.

Todo lo recolectado se entregará a ADITRIBRI, una organización indígena de Amubri, que nos ayudará con la distribución adecuada.

Algunos de los productos que se pueden donar son: arroz, frijoles, café, azúcar, aceite, papel higiénico, leche en polvo y liquida de larga duración, atún, sardinas, agua embotellada, toallas sanitarias, pañales para bebe, candelas y fósforos.

Les recordamos que NO recibiremos dinero en efectivo, únicamente donaciones en especie.

Las ayudas se recibirán en la Sede Central del PAC, en San Pedro de Montes de Oca, hasta el día martes 2 de diciembre.

Solidaricémonos con nuestros hermanos y hermanas de Talamanca

Enrique Sánchez Carballo
Comunicación
Partido Acción Ciudadana
88 20 02 39
22 81 27 27

Carmen Jiménez le contesta a Kevin Casas

A pesar de los pesares
El Financiero 24-30 de Noviembre de 2008
Kevin Casas *

Hace un tiempo publiqué un artículo en la revista Yale Global , que por expresar puntos de vista críticos sobre el libre comercio generó aquí reacciones curiosas, incluso en estas páginas. Como algunas de ellas revelan serios equívocos no está de más escribir otra cuartilla.
En mi artículo señalo claramente que el libre comercio es un objetivo deseable para los países en vías de desarrollo. La evidencia sustenta ampliamente los efectos beneficiosos de la apertura comercial y aún mejor los terribles efectos del proteccionismo, como lo demostró la experiencia de la Gran Depresión.
Otra cosa es cómo se conduce la discusión de la liberalización comercial en la práctica. Sobre esto sí siento desilusión –la misma que tienen desde la OMC hasta Oxfam– de ver cómo lo que podría ser un proceso beneficioso para todo el mundo, termina por distorsionarse en los hechos.
Al decir que hay hipocresía en el discurso de los países desarrollados, que la asociación de la apertura comercial con la venta de empresas estatales es desafortunada, que el debate democrático sobre el libre comercio ha sido escaso en todas partes y que el libre comercio tiene efectos negativos sobre la desigualdad, estoy diciendo cosas obvias, que yo, al menos, sé desde hace tiempo.
Pero hay que tener cuidado con saltar a la conclusión de que, por todo ello, era mejor rechazar el Cafta. Quien así argumenta sufre una enorme pereza mental.
Veamos cada argumento del artículo:
a) La duplicidad de los países desarrollados ha impedido el éxito de la Ronda de Doha, donde los países en vías de desarrollo pueden defender sus intereses con mayor probabilidad de éxito. Yo deploro esa duplicidad, pero no estoy dispuesto a renunciar a la posibilidad de continuar el proceso de apertura comercial –esencial para Costa Rica– por medio de acuerdos bilaterales o regionales, por más que sean menos deseables. El costo que impone la hipocresía de algunos países sigue siendo menor que el de dar la espalda a la globalización.
b) Entiendo por qué en el debate público la privatización ha terminado en el mismo saco que la apertura comercial pero igual lo lamento, pues se trata de procesos distintos. Uruguay y Costa Rica han abierto sus economías al comercio, pero no han privatizado. Brasil ha privatizado casi todo, pero sigue siendo una economía relativamente cerrada. Muchos procesos de privatización en América Latina fueron un desastre pero eso me dice poco sobre los méritos de la apertura comercial. En todo caso, el Cafta no ha privatizado al ICE o al INS y es dudoso que ese vaya a ser el resultado final. No pasó con la apertura de las telecomunicaciones en Uruguay o los países nórdicos y de nosotros depende que no pase aquí.
c) La afirmación de que el libre comercio no ha ido acompañado de un debate democrático no se aplica a Costa Rica y al Cafta, como yo lo advierto en el artículo. Para algunos, un debate de casi cinco años y un referéndum no son prueba de apertura democrática, pero sospecho que quienes así opinan no tienen un problema con el procedimiento sino con su resultado.
d) Si el Cafta va a complicar los problemas distributivos en Costa Rica, eso no es razón suficiente para oponerse a él, sino para impulsar la clave para una transformación progresista en Costa Rica: una reforma tributaria digna de ese nombre. Los países nórdicos están entre los más equitativos del mundo y entre las economías más abiertas.
e) El tema de la propiedad intelectual y el desarrollo va más allá de lo negociado por Costa Rica en el Cafta. Las regulaciones globales de protección a la propiedad intelectual son casi tan preocupantes. He ahí un problema que Costa Rica no puede resolver sola. Tratar de resolverlo en el marco del Cafta es inútil. Eso requiere una coalición más amplia de países en los foros multilaterales.
Ninguno de estos argumentos conduce a rechazar el Cafta. Ello por una razón elemental. Nunca he afirmado que el Cafta es una muestra óptima de lo que debe ser un tratado de libre comercio. Se trata de un acuerdo con deficiencias, pero cuyo balance general para el país es defendible,no porque sea la clave de nuestro desarrollo, sino porque la opción de quedarse fuera de él era y sigue siendo mucho peor.
Siempre tuve claro que estábamos escogiendo entre opciones muy imperfectas, como tantas veces sucede en la política. Pero volvería a votar a favor del Cafta por motivos pragmáticos, sin grandes ilusiones y con conciencia de las limitaciones de lo que estoy escogiendo.
Hay Aquí, pues, dos proposiciones no excluyentes: 1) El libre comercio es un objetivo deseable, pero es imprescindible mejorar y democratizar la forma en que se traduce en la práctica. 2) El Cafta es una muestra bastante imperfecta de acuerdo comercial, pero adoptarlo con sus defectos es mejor que la opción de rechazarlo. Ambas proposiciones son debatibles, pero aceptar la primera no obliga a rechazar la segunda.
No espero que estas razones convenzan a quienes, con los ojos desorbitados, las venas saltadas y el resentimiento social a flor de piel, son incapaces de reconocer una onza de verdad a quien piensa diferente. No es a ellos a quien me dirijo. Quisiera, más bien, que me leyeran quienes sí están dispuestos a tener una discusión matizada sobre la apertura comercial y sus efectos.
Aunque tuvimos un debate nacional antes del referéndum todos sabemos que no fue un debate de calidad, sino una discusión deformada por las medias verdades y las descalificaciones mutuas. Yo fui parte -y parte nada menor- de esa falla colectiva. Ahora lo lamento. Por la salud de nuestra discusión pública quisisera ver a muchos otros -en ambos lados de la barrera- hacer aunque solo fuera un atisbo de este reconocimiento.
* Politólogo
Exvicepresidente de la República

San José, 27 de Noviembre de 2008.

Carta Abierta

Señor
Lic. Kevin Casas
Politólogo y Exvicepresidente de la República
Presente

Creo que su artículo en El Financiero es claro, con puntos a su favor y bien escrito. Puedo reconocer kilos de verdad a quien piensa diferente a mí...

¡Lástima que externe estos puntos de vista tan tarde! ¿Para qué lamentarse ahora de que el debate antes del referéndum no fue de calidad, sino que fue una discusión deformada? Por supuesto que fue deformada y de pésima calidad, con la razón de un único lado y lamentablemente usted fue parte "-y nada menor-" de ese bando. Es más, su presidente (no el mío) Oscar Arias, se negó sistemáticamente a debatir, estando obligado a hacerlo por ser el líder máximo, promotor y además parte interesadísima en el negocio del TLC (azúcar, salud, telecomunicaciones, biocombustibles, minería y más recientemente el negocio de las armas).

Dice usted también, que no espera que sus "...razones convenzan a quienes, con ojos desorbitados, las venas saltadas y resentimiento social a flor de piel, son incapaces de reconocer una onza de verdad a quien piensa diferente. No es a ellos a quien me dirijo. Quisiera, más bien, que me leyeran quienes sí están dispuestos a tener una discusión matizada sobre la apertura comercial y sus efectos."

Yo le sugiero que reflexione y a conciencia recuerde (o se ayude con grabaciones) quiénes eran los que tenían los ojos desorbitados y las venas saltadas en cada anuncio televisivo y en cada "debate de mala calidad y discusión deformada". Esos eran los prepotentes negociadores de este adefesio y los acólitos de "su majestad" y, nadie más. Las personas del otro lado de la barrera estábamos impotentes, atados de pies y manos sin los recursos y acceso a la prensa y, con un Tribunal Electoral parcializado a favor de ustedes.

Le aclaro que quienes adversamos el Cafta no tenemos "resentimiento social a flor de piel". Simplemente sentimos animadversión hacia este régimen dictatorial, de engaños, mentiras, despilfarros e imposiciones, que siempre tiene la razón encontrando un chivo expiatorio y, que no merecemos. ¡Democracia de mentirillas!

Yo le deseo que aunque tarde, pueda usted tener públicamente una "discusión matizada sobre la apertura comercial y sus efectos" que sea de altura y no como los "debates de mala calidad y deformados" que se dieron durante el proceso del referéndum.

Estoy segura de que en este momento, con las ideas que expone en su artículo, podrá hacerlo con elegancia y buenos argumentos, pero le recuerdo antes que nada, que sobre todos los Caftas y referéndums, usted tiene una deuda inmensa con la Historia, con Costa Rica y con los costarricenses. Antes de seguir sacando la cara en sus artículos de opinión, debería, con altura, valentía y honor, brindarle a este pueblo una disculpa de frente y sin evasivas, por el Memorándum del Miedo que redactó conjuntamente con el diputado Fernando Sánchez Campos y que tanto daño le hizo a todo este proceso, principalmente al país y, a usted mismo.

La semilla de la cizaña que usted sembró junto a Sánchez germinó y se extendió tanto, que sigue hasta hoy dividiendo a la familia costarricense.

Si Fernando Sánchez, en su afán de seguir aferrado a una curul y vivir protegido por la sombra de su familia, actúa con cobardía, al menos usted (que pareciera pertenecer a una casta más noble), actúe con hidalguía y elegancia. Ya es muy tarde para lamentaciones, más nunca lo es para reconocer y rectificar errores y, mucho menos para saber ofrecer disculpas.

Carmen Jiménez

II Diálogo Patriótico

La Comisión de Formación de Comités Patrióticos les invita

II DIALOGO PATRIOTICO

"Escenarios electorales 2010 y el papel de los Comités Patrióticos"

Hora: 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Fecha: 29 de Noviembre
Lugar: Instalaciones de la Federación Organizaciones Voluntarias (FOV). Ubicado en San JOsé, Barrio Amón de RACSA 325 metros Norte, mano izquierda, a la par del parque Amón.

A las y los iceístas y a la administración superior

Dentro de los acontecimientos más recientes que definirán el tipo de "apertura" (Privatización) que viene, hay que resaltar dos aspectos delicados y hacer una propuesta pública:

Denunciamos que desde la ARESEP se nombró a los miembros del la SUTEL, de cuyas resoluciones y actos administrativos dependerá en mucho la vida financiera del ICE y la parte del pastel que intentarán llevarse las empresas transnacionales al explotar el espectro radioeléctrico. Los nombramientos recayeron en una ex diputada enemiga del ICE que voto el Combo, un abogado de ARESEP y un abogado representante de una trasnacional.

Fueron vanos los señalamientos realizados por la Administración Superior del ICE, por que se nombraran expertos en la materia. Se solicitó un representante del ICE "para equilibrar" y tampoco fue valorado, quedando claro que el objetivo no es buscar una adecuada relación competitiva entre lo público y lo privado; sino "amarrar y descremar al ICE". Siempre lo dijimos y lo advertimos.

Se están poniendo las bases para lucrar y están acomodando sus fichas para cuando se inicie la feroz lucha por hacerse de los millones de dólares que producen las telecomunicaciones. Mucho oiremos hablar a partir de abril 2009 de SUTEL, sus miembros, el acceso a las redes y plataformas del ICE y de la interconexión.


El FIT está actuando sobre este asunto, hemos consultado con Diputados y Diputadas amigas del ICE y han mostrado su disposición de dar la batalla. Se hará un trabajo conjunto en la Comisión de Nombramientos y en el Plenario de la Asamblea para evitar que con este tipo de nombramientos el ICE entre perdiendo.

SUTEL debe ser una instancia de desicion en materia de Telecomunicaciones que debe ser dirigida por técnicos y especialistas de la actividad y no por políticos que buscan otros fines.

Proponemos a la administración superior a apoyar esta gestión y defender los valores éticos y la transparencia, en esta batalla privatizadora que amenaza el ICE y que de concretarse, se vislumbra una afectación total de las finanzas institucionales y consecuentemente el despido de trabajadores/as. Situación que nunca vamos a permitir.

Alonso Araya Fuentes
Coordinador del FIT

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES DEL ICE

Jueves cultural en Paso Ancho

COMITÉ PATRIÓTICO JUANITO MORA DE PASOANCHO

JUEVES cULTURAL EN PASOANCHO

Jueves 4 de diciembre, 7 pm

Sale cimarrona y mascarada ASERRÍ del barrio Santa Rosa, rumbo al salón comunal de Pasoancho Sur, contiguo a la plaza; donde habrá exposición de fotos de historia, lucha y actualidad de Pasoancho.

Además, venta de comidas por parte del Comité de Madres del Grupo Proyección Folclórica Batsú; y reventadera de pólvora al final de la actividad.

Nombramientos en SUTEL

Me parecen desafortunados los argumentos esgrimidos por la ARESEP para la selección de los candidatos para ocupar un importante puesto en la SUTEL, según lo dicta la Ley 8660. Pudiera parecer muy apegado a la ley, argumentar que en este caso sí se trata de profesionales con experiencia "en actividades profesionales o gerenciales en el Sector Público o Privado" (Art. 62, d), como si eso fuera suficiente para enfrentar con éxito el reto que vendrá con la apertura; más pareciera una conveniente justificación para evadir lo que, según mi criterio, debería ser un requisito indispensable e insoslayable. Desde hace casi 40 años realizo mis labores como funcionario del ICE en tareas eminentemente técnicas y tengo el honor de ser miembro del Consejo Directivo del ICE y de la Junta Directiva de RACSA por casi siete años. Tengo que decir, con toda la experiencia acumulada en este servicio, que para una toma de decisiones certera, es indispensable tener una comprensión detallada de lo que se propone en órganos decisorios, como son los entes directivos mencionados y lo será la SUTEL.

No dudo de la honorabilidad de quienes se proponen para integrar este órgano de desconcentración máxima de la ARESEP o de sus cualidades profesionales, pero eso no bastará. Un análisis del espectro radioelétrico, sus implicaciones y justa comprensión, es materia de un verdadero experto. Analizar y comprender en detalle una OIR y todo el tema de la interconexión, son elementos naturales del agudo análisis de un técnico experimentado. Analizar el Plan Nacional de Telecomunicaciones para preparar los concursos para aplicar los fondos de la SUTEL no es materia sencilla, ahí se requiere experiencia en telecomunicaciones; y ni qué decir de la administración y asignación de los recursos escasos, eso no se aprende de la noche a la mañana. Su discernimiento, señores, debe hacerlo un habilidoso especialista. Puedo decirlo con conocimiento de causa: en materia técnica, dejen a los técnicos opinar y decidir. De no ser así, ese órgano puede padecer extravíos y eventuales injerencias externas de otros que sí se saben duchos en esa materia. El argumento de que serán grupos técnicos los que elevarán a la Junta Directiva de SUTEL los temas ya digeridos y analizados le resta credibilidad a quienes conforman ese órgano.

Ya que la Ley no fue obligante en ese requisito de idoneidad técnica, debió ser un requisito indispensable para quienes recomendaron esos nombramientos a la Asamblea Legislativa. Como eso tampoco sucedió, hago mi más vehemente solicitud a las señoras y señores diputados para que, con un criterio de razonabilidad y sentido común, exijan a la ARESEP proponer nombres de especialistas en materia técnica de telecomunicaciones. De esto depende el trabajo expedito y liberado de cualquier manipulación, intencionada o no, de un órgano fundamental para el éxito de la regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica. Basta con leer las leyes dictadas para las telecomunicaciones y sus reglamentos, para percatarse de la urgente necesidad de especialistas en la Junta Directiva de la SUTEL. Basta con revisar la historia y analizar las consecuencias negativas de tomar decisiones fundamentales en temas eminentemente técnicos sin tener el conocimiento ni la experiencia en la materia específica, dejándose influenciar por otras razones, muchas veces con un interés distinto al que se desea, se promueve y se requiere. Aún hay tiempo para dotar a este órgano fundamental, del carácter técnico, que ni la ley, ni la ARESEP le han querido otorgar.


Mayid Halabi Fauaz
Directivo ICE y RACSA

Asdeice a Pedro Pablo Quirós

Ing. Pedro Pablo Quirós
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Electricidad

Estimado Don Pedro:

Reciba el saludo de ASDEICE.

Queremos externarle nuestra profunda preocupación por la forma con que se está actuando en el Sector de Telecomunicaciones, sobre todo de cara a la opinión pública y especialmente a nuestros clientes.

Si se pudiera buscar un elemento diferenciador y promotor de la fidelidad del cliente para su retención es la credibilidad y la satisfacción oportuna y de calidad de los servicios que se ofrecen. Sin embargo hemos sido testigos de una serie de "salidas en falso" de las autoridades superiores del Sector, especialmente de Jefes de División, quienes salen anunciando con "bombos y platillos" la disponibilidad inmediata de nuevos servicios de móviles GSM, Servicios Prepago, Blackberry y 3G que al final no logran concretarse ni en el tiempo, ni en la cantidad ofrecida. Bien sabe usted don Pedro, que en la experiencia internacional, esto tiene serias consecuencias para la confianza de los clientes, se constituye en falsas promesas que atentan contra el valor de nuestra marca y podría alentar a la salida en gran cantidad de ellos en la primera oportunidad que otros operadores pudieran brindar estos servicios. Este tipo de improvisaciones y mala planificación en servicios estratégicos se paga caro en los mercados en competencia.

Estamos sumamente preocupados, porque pareciera que el sector de telecomunicaciones adolece de una estrategia integral en la planificación, desarrollo, mercadeo y promoción de los servicios de telecomunicaciones. Pareciera que cada División y sus Direcciones Técnicas tienen su propia estrategia de negocio (como si fueran islas o feudos) y no existe la voluntad y el liderazgo para inducirlas en una misma dirección, como corresponde a una empresa bien gerenciada.

Prueba de lo anterior, es que a nuestra Organización llegan innumerables correos de compañeros y compañeras preocupados por esta situación y por lo difícil que es tener que dar explicaciones de los incumplimientos en la entrega de estos servicios, sobre todo cuando no existe una justificación aceptable. Esto es desalentador para los trabajadores(as) que intentan con todo su empeño apoyar la entrega de servicios de calidad. Si a las dificultades propias de la gestión pública a las que nos vemos sometidos se suman los yerros de malas decisiones en temas tan relevantes, el panorama no puede ser otro que desmotivación y malestar a lo interno de nuestra Institución. Desafortunadamente en la opinión pública los efectos de esta situación pueden ser devastadores.

A usted Don Pedro, lo hemos escuchado en varias ocasiones externar deseos de promover al ICE como una Empresa que no le tema a la competencia, incluso más allá de nuestras fronteras. Tomando su palabra, creemos que estos síntomas de improvisación e incapacidad que están mostrando quienes dirigen el Sector de Telecomunicaciones merecen una atención especial, incluso requieren una inmediata revisión sobre la permanencia de quienes tienen a su cargo la dirección de las divisiones del Sector, puesto que el desempeño mostrado puede ser obstáculo y lastre para la pretensión de hacer del ICE una empresa realmente competitiva. Y es que analizando los resultados de estas Jefaturas, encontramos que después de dos años de estar en sus puestos son muy escasos los aportes de valor para la Empresa y para el país. En las condiciones actuales de apertura del mercado, no podemos seguir esperándolos a que se "adapten" o "perfeccionen" en el camino.

En este sentido, es nuestra responsabilidad recomendar que estos funcionarios, por el bien de nuestra Institución sean llamados a rendir cuentas y asumir las responsabilidades por sus erráticas acciones, de tal manera que de ser necesario, sean sustituidos por personal altamente conocedor del tema, calificado en cualidades y competencias de liderazgo y gerencia, con perfiles idóneos para ocupar puestos de tanta relevancia, constituyéndose como un factor crítico de éxito para la estabilidad y continuidad del ICE en su tarea de entregar servicios en la cantidad y calidad que nuestros clientes requieren y demandan. El Sector de Telecomunicaciones no debe seguir guiándose por la improvisación y por el método de prueba y error. Nuestro pueblo quiere al ICE, pero también tiene su límite y merece respeto.

Como parte de su función de vigilancia, ASDEICE, se ve en la obligación de llamar la atención de la Alta Dirección del Instituto sobre esta preocupante situación y los efectos adversos que podría causar en el buen desempeño de su gestión, a razón de no tomarse las acciones correctivas oportunamente.

Respetuosamente,
Alonso Araya Fuentes
Presidente de ASDEICE.


CC:Trabajadores(as) ICE
Organizaciones FIT

Frente Amplio denuncia a AyA

FRENTE AMPLIO DENUNCIA ANTE MINISTERIO
PÚBLICO AL PRESIDENTE EJECUTIVO DE AYA POR ACUEDUCTO DE SARDINAL

* Informe de Contraloría General de la República señala graves violaciones a la ley e incumplimiento de deberes para favorecer grupo de empresarios.

* Contraloría comprueba que MINAE y AYA le ocultaron informe técnico de SENARA al pueblo de Sardinal.

El Diputado José Merino del Río presentó ante el Ministerio Público denuncia penal contra Ricardo Sancho, Presidente Ejecutivo de AYA por delitos de prevaricato, desobediencia a la autoridad, influencia en contra de la hacienda pública y ocultación de documentos por graves irregularidades y violaciones a la ley cometidas en la aprobación del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, al que se ha opuesto con razón y valentía la comunidad de Sardinal de Carrillo.

Estas irregularidades quedaron al desnudo en el más reciente informe de la Contraloría General de la República Nº DFOE-ED-22-2008 de 21 de noviembre de 2008, que confirma las denuncias del pueblo de Sardinal sobre las actuaciones ilegales de estos funcionarios para favorecer los intereses privados de un grupo de inversionistas, en perjuicio del ambiente, la hacienda pública y los derechos de las comunidades locales.

De acuerdo con el diputado José Merino es particularmente grave que el informe de la Contraloría prueba que el Ministro Dobles le ocultó al pueblo de Sardinal información esencial sobre el estado real de los mantos acuíferos de la zona, en la audiencia pública celebrada el pasado 9 de noviembre. "El Ministro Dobles fue a decirle a la gente que hay agua suficiente para los megaproyectos turísticos. Pero intentó engañar a la población ocultándole un estudio técnico de SENARA que señala que se requieren más estudios y que hay fuentes de agua que se encuentran en estado de sobreexplotación. Es una vergüenza", denunció el diputado Merino.

Otras actuaciones ilegales del funcionario denunciado, señaladas en el informe de la Contraloría y que, en criterio del Frente Amplio, constituyen sendas conductas delictivas son las siguientes:

* El AYA autorizó las obras sin contar con estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua.
* Violando la ley, el AYA ejecutó el proyecto del acueducto "sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin."
* El AYA no cumplió con su obligación de fiscalizar que los inversionistas cumplieran con los trámites, permisos e impuestos municipales. Por el contrario, de forma indebida gestionó permisos a favor de los inversionistas en perjuicio de la hacienda municipal.
* El AYA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto sin contar con la viabilidad ambiental, en violación de la Ley Orgánica del Ambiente y por si fuera poco, asumió obligaciones y responsabilidades ambientales de los inversionistas.
* El AYA otorgó cartas de disponibilidad de agua mediante actos ilegales, incumpliendo disposiciones de su propia Junta Directiva.

Represa Pacuare: "una imposición autoritaria y antidemocrática"

El 9 de febrero del 2008 el gobierno de Oscar Arias dijo que se construirá una planta hidroeléctrica de 158 MW en el río Pacuare. Para las comunidades de Turrialba ese anuncio es "una imposición autoritaria y antidemocrática" pues desconoce el plebiscito del 28 de agosto del 2005, en el que el 97% de votos fueron por el "NO" a las represas en el Pacuare. "El Gobierno está obligado a respetarnos. Ya nosotros dijimos NO y jamás aceptamos esa represa porque ya sabemos muy bien que acabará con el Pacuare como ocurrió con el Reventazón, y además porque desaparecerán comunidades enteras bajo el embalse", dijo Pastora García Zapata de la comunidad Pacuare.

TSE y Municipalidad de Turrialba reconocen voluntad popular

El pasado 5 de noviembre la resolución No. 3897-E8-2008 del Tribunal Supremo de Elecciones, reafirmó la razón de las comunidades, señalando que "Lo resuelto en el plebiscito del 28 de agosto de 2005 en el cantón de Turrialba es de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal de esa Municipalidad". La misma Municipalidad de Turrialba, respetando debidamente la voluntad ciudadana, el 25 abril del 2006 había acodado"…acatar lo dispuesto por los electores…y se ordena a la administración municipal no otorgar permisos de construcción…para platas hidroeléctricas en el Río Pacuare, según se establece en el Reglamento sobre consultas populares…". Ahora mismo, las comunidades están realizando una consulta oficial al Gobierno local para conocer su posición con respecto del mandato del Ejecutivo que es avalado por la directiva del ICE.

No se debe financiar el PHPacuare

La coordinación de la campaña por el Pacuare, indicó que en la Asamblea Legislativa se tramita el Convenio de inversión CR-X1005", Expediente N.º 17.113, que traería fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el programa de desarrollo eléctrico 2008-2014, y además que el Gobierno gestionó ante el mismo BID, una prórroga para aprobar el "Contrato de préstamo 1908/OC-CR: Programa de Desarrollo Eléctrico 2008-2011". "No nos oponemos a créditos de inversión pública en condiciones favorables para el país, pero desde las comunidades del Pacuare hacemos un llamado directo y claro al BID, a la Corporación Andina de Fomento con la que también hay convenio de financiamiento, u otras entidades internacionales, para que abstengan de financiar cualquier actividad del PHPacuare. Instamos también a los y las señoras diputadas a rechazar rubros para el PHPacuare en esos proyectos, pues su aprobación equivale a desconocer los derechos de las comunidades y del mismo río que serían directa y negativamente afectados, incluso con su desaparición forzada como Bajo Pacuare y Nimarí Ñac del pueblo indígena cabécar. Cualquier préstamo internacional que ayude al ICE y al gobierno a construir el PHPacuare, creará un nefasto precedente contra los pueblos indígenas por violación de convenios internacionales como el 169 de la OIT, que ya de hecho han sido violentados por el ICE. En caso de que se aprueben ése u otros empréstitos, nosotros recurriremos a las instancias que sea necesario para defendernos", señaló Osvaldo Durán Castro, del Equipo coordinador de la campaña por el Pacuare.

Pueblos indígenas por sus derechos

Para los pueblos indígenas del Pacuare, la represa significa su desplazamiento forzado, pérdida de y desaparición de centros de población. En un documento expuesto en una gran reunión de comunidades del Pacuare en Nimarí Ñac, José Moya, del Territorio indígena Santubal, expuso con claridad y contundencia que "los pueblos indígenas no estamos de acuerdo de que el gobierno de Costa Rica esté mandando a las instituciones del Estado a darle grandes problemas a los indígenas que le dieron el voto a Oscar Arias, para que los defienda y no para que los venda. A los indígenas los ampara la ley de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, que en el artículo 2 dice que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas en una acción coordinada y sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos indígenas y a garantizar el respeto de sus intereses". Esta misma posición fue ampliada por indígenas jóvenes y mayores como Junior Valle Pérez y Aurelia Madríz, que se resisten a la represa para conservar sus tierras y su con-vivencia con el río; igual que sucede a los pueblos indígenas el sur del país donde el ICE quiere construir el PHDiquís.

Camino de tropiezos y faltas graves

Ya antes del plebiscito las comunidades habían denunciado los irreparables impactos negativos sociales y ecológicos de un PH en el Pacuare, reconocidos como "graves, altos, severos y muy severos", en los estudios pagados por el mismo ICE. Esos estudios, realizados por Norconsult International A.S y Centro Científico Tropical, fueron rechazados por la SETENA el 7 marzo del 2005, cuando el expediente del PH Pacuare fue archivado, por sus innumerables limitaciones e irregularidades técnicas y errores de procedimiento, incluido que nunca se consultó a los pueblos indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT. (Setena, Resolución No. 491-2005). Luego, el 19 de julio del 2005, el Consejo Directivo del ICE decidió "sustituir" el PH Pacuare por el PH Balsa (que luego fue desestimado). A pesar de los errores técnicos y de los daños demostrados, el ICE y el Gobierno nunca desistieron de construir la represa, por lo que ahora en las comunidades del Pacuare se desarrolla una nueva etapa de defensa de derechos ciudadanos y del Pacuare, que es reconocido mundialmente por su incalculable biodiversidad, y por ser considerado uno de los 5 ríos más hermosos del planeta. Según explicó Miguel Sojo, "pareciera que al ICE se le olvidó cuál era su sentido de servicio al pueblo y pareciera que lo quieren ahora es capital, o sea, dólares o euros, y también se les olvidó que nosotros como comunidades y pueblo, somos parte del ICE. Nosotros no estamos en contra del ICE, sino de estos proyectos que nos destruyen a nosotros y a la naturaleza".

¿A quién sirve el ICE?

De acuerdo con los y las defensoras del Pacuare, "El ICE no contribuye al desarrollo del país imponiendo represas sin haber realizado una verdadera planificación hidroeléctrica, que implica salvar ríos como el Pacuare para la vida del futuro. Mucho menos logra avanzar si descalifica y llama "aldeas" a los pueblos indígenas y tacha de "oportunistas" a las personas, organizaciones y comunidades que desde hace muchísimos años, hemos llamado al diálogo y a buscar consenso sobre cuál es el modelo energético e hidroeléctrico que el pueblo de Costa Rica realmente necesita. El ICE tampoco ha sido claro con respecto de sus planes de exportación de electricidad y los negocios con los generadores privados nacionales y externos. Creemos que el ICE está obligado a asegurar una re-inversión pública más eficiente, incluida la inversión para mejorar la eficiencia de las hidroeléctricas en operación, y así bajar la presión sobre ríos como el Pacuare y Savegre", indicó Osvaldo Durán Castro.


Más información: Osvaldo Durán Castro y Eugenio Guido Pérez
osvaldodc@gmail.com, euguido@gmail.com, 8380-0955, 8825-0778
Asociación Proyectos alternativos para el desarrollo social- Amigos del Río Pacuare

China (humor)

Línea 800 AMBIENTE

Colegio de Abogados y Universidad de Costa Ricaunen esfuerzos por el ambiente.

A partir de este lunes 24 de noviembre las personas que deseen realizar denuncias sobre temas ambientales podrán hacerlo a través de la línea 800 AMBIENTE (800 2643-3683) que funcionará de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m.d.

También se atenderán denuncias de forma personal en el Consultorio Jurídico Ambiental (Facultad de Derecho UCR), vía fax (2207-6292) o por correo electrónico (800ambiente@gmail.com) para lo cual se deberá incluir nombre completo, número de cedula y un número de teléfono.

El usuario podrá ser un ciudadano particular, una municipalidad, una organización no gubernamental, una fundación, una empresa o cualquier otro interesado en utilizar este servicio.

Se aplicarán mecanismos de selección preestablecidos para determinar en que casos procede desarrollar un acompañamiento, dándole prioridad a aquellos presentados por usuarios en condiciones socioeconómicas vulnerables o dependiendo de la gravedad del daño ambiental.

Este nuevo servicio permite la asesoría y seguimiento de casos en materia jurídico ambiental de forma gratuita y es dado por el Consultorio Jurídico Ambiental de la Universidad de Costa Rica por medio del apoyo del Colegio de Abogados de Costa Rica.

Ambas entidades tienen el compromiso social de contribuir con el adecuado acceso de todos los sectores sociales a la justicia ambiental, y proveer de herramientas que faciliten la denuncia y
consulta sobre temas de derecho ambiental.

--
Leonor I. Antillón S

Campañas de bien público: estudiantes noruegos buscan alternativas éticas a la Coca-cola

Rivera Westerberg

El poderoso Centro de Alumnos de la Universidad de Oslo –capital de Noruega, el país más septentrional donde se produce Coca-cola, Argentina y Chile son los más australes– decidió por abrumadora mayoría este mes de noviembre restringir la venta de la gaseosa en las dependencias universitarias; la comunicación de estilo a la embotelladora señala, entre otras razones, que la determinación se tomó por su conducta lesiva para el ambiente natural y los derechos humanos en India.

El 10 de noviembre de 2008 el estudiantado de la principal universidad noruega aprobó, en un referendo propuesto por el Consejo de Bienestar de la organización estudiantil, buscar el modo de restringir el consumo de Coca-cola en las dependencias universitarias y ofrecer como alternativa, bebidas cuyos fabricantes respeten los derechos de las comunidades donde instalan sus plantas, actúen con ética comercial y protejan el ambiente. El escándalo suscitado en India, que obligó a las autoridades a cerrar dos embotelladoras, fue el disparador de la decisión estudiantil en el país escandinavo.

(La información sobre esa y otras prácticas nauseabundas de la empresa –Coca-cola, la alimentación y agricultura ecológicas, el agua y el desarrollo sostenible– puede leerse en artículo incluido al final de este).

Señalan los estudiantes noruegos que la falta de otras bebidas cuya producción respete parámetros éticos en los campus universitarios los obliga en la práctica al consumo de Coca-cola. "Como estudiantes queremos enviar a los fabricantes de Coca-cola y otros negociantes un mensaje claro: no haremos negocios con empresas que no respetan la ética en sus procesos de fabricación y ventas", dijo Mina Off, coordinador la organización Attac en la universidad y uno de los dirigentes de la campaña.

La Universidad de Oslo es la última institución educativa en movilizarse contra Coca-cola en este país; antes lo hicieron las Universidad de Bergen, el Colegio Universitario Vestfold y la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida. El movimiento estudiantil, en rigor, se viene desarrollando también desde luego en la India, en EEUU, Canadá y el Reino Unido. En América Latina no se observa un movimiento semejante, aunque los daños ambientales que ocasiona Coca-cola –como el apoderamiento de recursos hídricos–, matonaje contra sus detractores, etc... son conocidos.

El caso salvadoreño

Las malas prácticas de la empresa que reclama refrescar mejor no se descubrieron este año; a lo largo de la década de 1991/2000,para no ir más lejos, Coca-cola –Embotelladora Salvadoreña– tuvo serios problemas con la población, arrastrados por años, debido al agotamiento del manto acuífero de Soyapango y su posterior emplazamiento en el el municipio de Nejapa, para aprovechar los recursos de agua en la zona de recarga del volcán de San Salvador. No fue Coca-cola la única empresa cuestionada; otra, ¡de capitales noruegos!, asociada con militares genocidas, ocasionó serios daños ambientales.

En términos concretos la planta de Coca-cola vertía sus deshechos sin tratamiento previo en un pequeño riacho y laguna, contaminando el hábitat de plantas y distintas especies de animales acuáticos y terrestres; el problema no ha sido plenamente solucionad


Coca-cola, la alimentación y agricultura ecológicas, el agua y el desarrollo sostenible

Pilar Galindo*


En la Exposición Universal de Zaragoza 2008 (14 de junio al 14 de septiembre) cuyo lema fue Agua y desarrollo sostenible, la multinacional Coca-cola actuó como patrocinadora. Invirtió unas migajas de sus cuantiosos beneficios con el objeto de blanquear sus actividades, ocultando su verdadero currículo.

Todo ello en base al apoyo, tanto del gobierno español como de las organizaciones que participan en la Exposición. Pero, además de participar en la Expo Zaragoza 2008, Coca-cola realiza otras actividades.

En el terreno de los derechos políticos, laborales y sindicales se han documentado 11 asesinatos en Colombia y alrededor de 200 casos de amenazas, secuestros y torturas de trabajadores de sus plantas. En este "trabajo sucio" la multinacional no trabaja directamente sino a través de paramilitares con el objetivo de acabar con la defensa que el sindicato Sinaltrainal hace de los trabajadores.

También se han documentado en varios países la explotación de mano de obra infantil: Pakistan y El Salvador.

Sólo este hecho debería motivar una repulsa social que promoviera el bloqueo y boicot de los productos de Coca-cola.

En el terreno de los derechos humanos (al agua potable, a la salud) las necesidades de agua de la empresa que produce el mayor número de refrescos del mundo absorben una proporción enorme de litros de agua, mientras una quinta parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable.

"La fabricación de un litro de estas bebidas destruye y contamina 10 litros de agua" (Vandana Shiva). Para garantizar su suministro en las regiones donde se asienta, requiere de dotaciones enormes de agua.

Cuando no se le garantizan de forma legal, Coca-cola se dedica a robar recursos hídricos a poblaciones pobres privatizando sus manantiales. El caso más sangrante es el de Kerala (India) donde acabó con la actividad agrícola y contaminó las aguas subterráneas con los residuos de cadmio y plomo de su planta, impidiendo el acceso al agua potable a la población.

Una prolongada exposición al cadmio puede provocar disfunciones renales, daño a los huesos, hígado y sangre. El plomo afecta al sistema nervioso central, los riñones, la sangre, el sistema cardiovascular.

En el terreno de la defensa de la naturaleza Coca-cola y sus marcas han sido denunciadas en repetidas ocasiones por daños que sus plantas de producción causan al medio ambiente en diferentes partes del mundo, especialmente en países del Sur –vertidos incontrolados de colorantes en la costa de Panamá–. En Estados Unidos ha sido sancionada al menos en 10 ocasiones por el Organismo de seguridad y salud laboral por condiciones insalubres y graves escapes químicos.

Con sólo estas actuaciones sería más que suficiente para prohibir sus operaciones y llevarla a los tribunales por hechos probados: atentados contra la vida, los derechos políticos, humanos y de la naturaleza. Sin embargo nada de esto pasa, más allá de las campañas y los tribunales públicos que los movimientos sociales organizan para dar a conocer la "agenda oculta" de las multinacionales.

Lo más sangrante –si cabe– es la ocultación de los daños sobre la salud que causa la bebida de la Coca-cola en sí misma.

La Coca-cola es una bebida que además de no contener ningún nutriente, genera adicción y contiene sustancias que dañan nuestra salud. Su contenido de azucar, variable según los productos entre un 10 y un 30% del producto, genera obesidad y diabetes.

En los refrescos sin azucar, ésta se sustituye por Aspartame que se ha demostrado cancerígeno. El azucar, combinado con el ácido fosfórico –otro de sus ingredientes activos– altera el equilibrio del calcio y fósforo del organismo produciendo el deterioro de los huesos, desnutrición, anemia ferropénica y reducción de glóbulos rojos.

Este mismo exceso produce deficiencia de vitamina b y b12. El ácido fosfórico produce más sed y es responsable de la adicción que genera la Coca-cola.

Todas estas razones deberían llevar a la prohibición de una bebida que se promociona sin ningún control.

Las organizaciones y colectivos sociales que promovemos la defensa de una alimentación saludable y suficiente para todos, deberíamos impedir el funcionamiento de estas empresas peligrosas para la salud, la naturaleza y los derechos humanos.

Sin embargo ciertas organizaciones que tienen entre sus objetivos la defensa de una agricultura y una alimentación saludables y ecológicas, los días 21 y 22 de agosto pasadso, en el pabellón de la Tribuna del Agua de la Expo, emplearon el patrocinio de Coca-cola, para sufragar los gastos de las jornadas Agricultura ecológica y lucha contra el calentamiento global.

¿Hasta dónde vamos a llegar?

http://www.surysur.net/?q=node/9088

Un 31 de octubre para un domingo 7

Luis Roberto Zamora B. (*)

En 1974 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó sentencia sobre uno de los casos más relevantes en la evolución del derecho internacional como medio para regular las relaciones internacionales. El caso se refiere a una demanda introducida por Australia y Nueva Zelanda en contra del gobierno francés, por no cesar sus ensayos nucleares en el pacífico sur. En aquel momento los representantes de los países isleños reclamaban que el presidente francés había prometido, en rueda de prensa, cesar dichos ensayos en una fecha determinada. Llegada la fecha, Francia continuó con sus ensayos, lo que motivó la presentación de la demanda ante la CIJ.

Al final, la CIJ resolvió positivamente la petición de Australia y Nueva Zelanda, por cuanto los comentarios hechos por el presidente francés no pueden ser tomados como simples comentarios de un ciudadano común. El hecho de ser presidente lo faculta para comprometer a su país frente al resto de la comunidad internacional. Así entonces, la CIJ dijo que las declaraciones realizadas por el presidente francés, en el sentido de finalizar los ensayos nucleares, constituían una promesa internacional, una obligación internacional que Francia como Estado se veía compelido a cumplir, frente a los reclamantes y el resto del mundo.

La historia de nuestro país no ha estado exenta de declaraciones presidenciales, que nos han creado obligaciones frente al resto de la comunidad internacional. Posiblemente el ejemplo más conocido es la Proclama de Neutralidad Perpetua, activa en lo ideológico y no armada, emitida por el entonces presidente Luis Alberto Monge en aquel glorioso 12 de noviembre de 1983. Dicha Proclama no era un simple discurso presidencial, por el contrario, era un acto de gobierno mediante el cual se sentaba la decisión de nuestro país de optar por la neutralidad. Evidentemente que uno no se declara la neutralidad hacia uno mismo, sino frente a otros Estados.

La Proclama revivió en nuestro medio jurídico en el año 2004, cuando la Sala Constitucional declaró inconstitucional el apoyo que el Gobierno de Abel Pacheco diera a la coalición agresora que destruyó Irak.

Ahora bien, la Proclama no es el único conjunto de manifestaciones que nuestros mandatarios han realizado con la intención de obligarnos frente a la comunidad internacional, en el orden de aspirar y propiciar la consecución del valor paz.

Existe otro conjunto de manifestaciones que obligan a nuestro país frente al mundo, en lo que se refiere a la producción y comercialización de armas en general, incluidas aquellas diseñadas y destinadas para ser utilizadas en una guerra.

Este conjunto de manifestaciones es aquel compuesto por las presentaciones realizadas por el representante de Costa Rica ante la XLI Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la OEA, la Sala Magna de la Universidad de Oslo, y el Décimo Quinto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU.

En dichas presentaciones, el representante pidió al mundo el cese de la producción y comercialización de armas. Armas ligeras y pesadas, armas asesinas en todo caso. Dicho representante fue el señor Oscar Arias Sánchez.

Lo simpático de todo esto es que en septiembre de este año la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad contra aquel vilipendiado decreto de armas que TODOS rechazamos. La Sala en brillante sentencia dijo que la comercialización de armas de guerra resultaba contraria a la Constitución, por violentar el derecho a la paz, así como por atentar contra el ambiente, por los efectos devastadores de las guerras en el entorno.

En virtud de tal sentencia de la Sala me surge la inquietud: ¿Son los "lanzacohetes, lanzallamas, lanzagranadas, lanzatorpedos, tanques de guerra y bayonetas" armas de caza? ¿O son más bien armas de guerra? Porque de ser así, el TLC, al incluir estos ítemes, resultaría contrario a la constitución y al derecho internacional ¿no les parece? Vamos a ver que nos dice la Sala al respecto. La acción de inconstitucionalidad ya se interpuso desde el 31 de octubre… que casualidad… un 31 de octubre para un domingo 7.

*Abogado.

Conferencia de prensa muy interesante

Con motivo de las elecciones de Gobernadores y alcaldes en Venezuela ayer me parece muy importante que puedan ver la conferencia de prensa de Chávez con los medios de comunicación internacionales el día de ayer. Es interesante la manera en que Chávez interpela a Patricia Janiot de CNN, y la reacción de esta. El mejor sitio que encontré donde se puede accesar a la información (en formato de video) es:

http://www.radiomundial.com.ve/yvke/

Se las recomiendo,
un saludo cordial,

Allan Barboza.

El Grupo de la Calle 20 invita:

Para la o el que quiera acompañarnos en la próxima reunión del Grupo de la Calle 20, están cordialmente invitad@s.

Día: Jueves 27 de noviembre
Hora: 6 de la tarde
Sita: ANEP (300 norte del Hospital de Niños)
Tema: Evaluación de la actividad en el Liceo de Costa Rica, metodología de las comisiones

Nuevos discos de Rubén Pagura

¡Especial Fin de Año!

RUBEN PAGURA: 35 AÑOS EN CANCIONES

-CD 1: Antiguallas
-CD 2: Caliente
-CD 3: Picante (Canciones para el mundo que viene)

Puede adquirirlos en

LIBRERIA CLARALUNA
Calle de la Amargura en San Pedro

FRENTE AMPLIO
Asamblea Legislativa (Edificio Sión)

Precio individual: 5.000 colones cada uno
Combo (3 Discos): 12.000 colones

Información: www.pagura.net

Gobierno veta participación ciudadana

Sala Constitucional deberá resolver
sobre consultas en materia ambiental

El Poder Ejecutivo vetó la "Ley que fomenta la participación ciudadana en materia ambiental", a pesar del apoyo de 48 legisladores, de todas las corrientes políticas, y de diversas entidades populares, entre ellas organizaciones ambientalistas y sindicales como FECON, MAOCO, UCIN, ANEP, CUSIMA, UNAC y CGT.

En la comunicación a la Asamblea Legislativa el presidente de la República, Oscar Arias, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, fundamentan el veto en razones de inconstitucionalidad.

Según interpreta el Diputado José Merino como el Ejecutivo fundamenta su veto en razones de inconstitucionalidad, lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa envíe la Ley a la Sala Constitucional, para que ésta se pronuncie. El gobierno lo que hace es pasarle la "papa caliente" a la Sala, comentó.

El Diputado Merino dijo que el Frente Amplio, junto a otras fracciones parlamentarias que seguramente le acompañarán, defenderá la constitucionalidad de los instrumentos de democracia directa que están incluidos en la Ley, porque no cree que las decisiones en materia ambiental deban estar solo en manos de los expertos y los empresarios, sino que también el pueblo está en capacidad de hacer buen uso de sus libertades.

El legislador frenteamplista lamentó que este " veto responda a la presión de cúpulas empresariales, que desprecian tanto la conservación del ambiente como la participación ciudadana".

"El Frente Amplio rechaza este veto y espera que la ley sea enviada a la Sala Constitucional con el apoyo de los diputados y diputadas que lo aprobaron en forma unánime", agregó el Diputado Merino.

El parlamentario dijo que este veto de los hermanos Arias no puede dejar de verlo también "como una represalia con el Frente Amplio por su firmeza opositora" y que "El Frente Amplio nunca se va a doblegar y nunca violentará los derechos del pueblo y la naturaleza".

No se lo pierda

Estimados amigos

Ante una campaña publicitaria (algo millonaria) como la de Crucitas iniciada semanas atras, y ante la capacidad (algo limitada) de los diputados de pedir cuentas a las autoridades involucradas (formato usado en la interpelación del Ministro Dobles ante el plenario de la Asamblea Legislativa el pasado 27 de octubre que planteo más dudas aún de las que algunos podíamos tener), las dos Universidades públicas, UNA y UCR se unen este próximo Miércoles 26 de Noviembre para debatir ante la opinión el tema en dos foros públicos casi simultaneos. Después del memorable encuentro (algo agitado) en la UPAZ del pasado 12 de noviembre (ver reporte en edición actual del Semanario Universidad: www.semanario.ucr.ac.cr) , estos dos encuentros (en particular el de la UNA) pueden ser de gran interes para la opinion.

Adjunto informacion relevante.

NB

UCR: 26 Noviembre, 9:00 am, Sala del Vo piso, Facultad de Derecho, UCR

Conferencia: El Derecho Ambiental, sirve de algo: Las Crucitas?

9:00 AM Sala de Conferencias 5 piso, Facultad de Derecho

Conferencistas: Dr. Freddy Pacheco, Catedrático de la Universidad Nacional, Biólogo José María Villalta Florez-Estrada, Asesor Legislativo Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, Catedrático de Derecho Administrativo y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Facultad de Derecho/Instituto de Investigaciones Jurídicas

UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): 26 de noviembre, 2:00pm, Auditorio Clodomiro Picado, Informaciones al: 22 61 00 36, email: xcastill@una.ac.cr

Con la presencia de

Roberto Dobles, Ministro del MINAET

Arnoldo Rudin, Infinito Gold S.A

Edgardo Vinizio, UNOVIDAS, San Carlos

Alvaro Sagot Rodriguez, Abogado, Profesor de Derecho Ambiental, UNA

Allan Astorga, Geologo, Escuela Centroamericana de Geologia, UCR

¡Cárcel a los corruptos!

Amig@: Tengo el placer de informales que la Contraloría General de la República, emitió un informe sobre el mal manejo del Proyecto de Acueducto Sardinal - El coco - Ocotal.

NOS DAN LA RAZON TOTALMENTE.
AHORA ESPERAMOS LAS SANCIONES A LOS CORRUPTOS.
LES ADJUNTO COPIA.
LOS QUE CREEMOS EN LA DEMOCRACIA
NOS ALEGRAMOS POR COSTA RICA

GADI AMIT
CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

INFORME No. DFOE-ED-22-2008

21 DE NOVIEMBRE, 2008


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO

INFORME DEL ESTUDIO ESPECIAL REALIZADO EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

DE LOS ACUEDUCTOS SARDINAL Y EL COCO- Ocotal

2008

CONTENIDO

Página No.

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME No. DFOE-ED-22-2008

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio especial consistió en verificar la veracidad de los hechos consignados en las denuncias planteadas a este órgano contralor en relación con el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal y mejoras del acueducto Sardinal. El período objeto del estudio abarcó del 1º de enero del 2006 al 30 de junio de 2008. Este proyecto fue autorizado por el AyA para que fuera ejecutado por desarrolladores privados al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, pero en todo el proceso del desarrollo se dieron incumplimientos importantes al ordenamiento jurídico y otras fallas, tales como las siguientes:

Ausencia de requisitos importantes y de un marco legal suficiente para regular el proyecto contemplado en la carta de entendimiento que formalizó el AyA con la empresa Coco Water S.A. Asimismo, la Junta Directiva omitió conocer el contrato de fideicomiso que sirve como garantía de las obras.

Autorización del proyecto sin contar previamente con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal. Además, se autorizó el inicio de las obras sin que se cumplieran los trámites de ley, en cuanto a la aprobación de planos, licencia municipal y el pago de 1% del impuesto de construcción de las obras de este proyecto y sin la viabilidad ambiental.

Por otra parte, el AyA en materia de trámites ambientales se arrogó obligaciones que legalmente le corresponden a los desarrolladores del proyecto de acueducto, comprometiendo además a la Hacienda Pública al asumir la responsabilidad directa de los eventuales daños ambientales que se ocasionen producto de la ejecución de las obras.

El Instituto no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización de las obras para que el proyecto se construyera de acuerdo con los requerimientos técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema.

Además, en forma improcedente la Institución emitió 49 cartas de disponibilidad de agua y 22 certificaciones mediante las cuales también se garantiza la disponibilidad de agua, comprometiéndose el suministro de agua por un total de 4.127 servicios. Mediante estos documentos se tramitó la licencia municipal para 22 proyectos (condominios, villas, apartamentos y centros comerciales), de los cuales en algunos casos el AyA concedió nuevas previstas de agua para que edificaran las obras e incluso para que las pusieran en operación, no obstante que tales actos administrativos procedían hasta que el proyecto estuviera debidamente terminado y recibido a satisfacción.

Por otra parte, sin la debida planificación y programación el AyA procedió a ejecutar en el año 2008 el proyecto "Mejoras al Acueducto de Sardinal".

En virtud de lo comentado se emitieron disposiciones al AyA y a otras instancias del Estado (MINAET, MUNICIPALIDAD DE CARRILLO y ARESEP), con el propósito de corregir las deficiencias señaladas.

INFORME No. DFOE-ED-22-2008
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO

INFORME DEL ESTUDIO ESPECIAL REALIZADO EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS ACUEDUCTOS SARDINAL Y EL COCO-ocotal
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO.

El estudio se realizó en atención de diversas denuncias planteadas a esta Contraloría General de la República y en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

Evaluar con respecto al proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, lo actuado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA en torno a la formalización de una carta de entendimiento con la empresa Coco Water S.A. y a la aceptación de un contrato de fideicomiso como garantía de las obras de este acueducto. Además, analizar si ese Instituto: contó con estudios hidrogeológicos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco; cumplió con los requisitos de ley de previo a la ejecución de las obras; ejerció fiscalización e inspección del proyecto; actuó a derecho con el otorgamiento de cartas de disponibilidad de agua; y si programó y planificó adecuadamente el proyecto de mejoras del acueducto Sardinal.
1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO.

El examen consistió en un estudio especial con el fin de determinar la veracidad de los hechos consignados en las denuncias planteadas a este órgano contralor en relación con la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal y las mejoras del acueducto Sardinal. Para tal fin, se procedió a la recopilación y análisis de documentos relacionados con: informes de la Auditoría Interna, actas de la Junta Directiva, carta de entendimiento que formalizó el AyA con la empresa Coco Water S.A., contrato de fideicomiso que ese Instituto aceptó como garantía de las obras de dicho acueducto, estudios hídricos, trámites de permiso de construcción, viabilidad ambiental, cartas de disponibilidad de agua y verificación en el campo de las obras construidas al amparo de éstas. Además, se investigó lo relativo a la planificación del proyecto mejoras al acueducto de Sardinal. El periodo objeto de estudio comprendió del 1º de enero del 2006 al 30 de junio de 2008, ampliándose en aquellos casos en que se consideró necesario.

El estudio se realizó de conformidad con el Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización y el Manual de normas generales de auditoría para el sector público. En algunos asuntos de naturaleza especializada, en relación con estudios hídricos, se utilizaron como respaldo documentos técnicos, de los cuales, cuando se requiere, se hace la referencia necesaria.
1.4. OTROS ESTUDIOS.

En atención a algunos hechos detectados durante la ejecución de este estudio, se está valorando profundizar en la investigación de algunas situaciones presuntamente irregulares relacionadas con dicho proyecto.

1.5. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO.

Los resultados, conclusiones y disposiciones del presente estudio fueron expuestos el día 19 de noviembre del año 2008, a los siguientes funcionarios del AyA: Lic Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo, Lic. Guillermo Arce Oviedo, Sugerente General; Ing. Roosevelt Alvarado Ramírez, Subgerente Gestión de Sistemas Periféricos; Lic. Rodolfo Lizano Rojas, Director de la Dirección Jurídica; Lic. Alcides Vargas Pacheco, Auditor Interno; Ing. José Luis Arguedas Negrini, Director de la Dirección de Estudios y Proyectos; y Licda. Erica Brenes Mirault, Asesora de la Presidencia Ejecutiva.
2. RESULTADOS.

2.1. DEBILIDADES EN LA FORMALIZACIÓN DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO QUE REGULA LO RELATIVO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO EL COCO-OCOTAL.

Se determinó que para regular el desarrollo del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal por parte de la empresa Coco Water S.A., al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, el AyA formalizó el 16 de marzo de 2006 con la citada empresa, una carta de entendimiento mediante la cual se conviene lo siguiente:

"PRIMERO: Las obras de esta carta de entendimiento se fundamentan en lo preceptuado por el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana..."

"SEGUNDO: Todas las obras se construirán de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas y aprobadas por AyA, de manera que se asegure el servicio de agua potable presente y futuro para los desarrollos y proyectos que de acuerdo a las normas vigentes sean debidamente aprobados por el AyA. Todos los planos y diseños serán sometidos a la aprobación del Colegio de Ingenieros, Municipalidad, AyA y cualquier otro ente público competente, y se someterá el proyecto a aprobación por parte de SETENA (El subrayado no es del original.)

TERCERO: La empresa COCO WATER S.A. se obliga a cumplir todas y cada una de las normas jurídicas y de orden técnico que se hayan dictado y que se lleguen a promulgar, y que de cualquier forma afecten o se relacionen con este proyecto, especialmente la Ley Constitutiva del AyA, así como todos los cuerpos normativos referidos a la construcción de sistemas de acueductos y alcantarillado pluvial y sanitario, control de vertidos, protección de aguas subterráneas, planificación urbana y aquellas legislaciones dirigidas a la protección ambiental.

CUARTO: AyA garantizará el otorgamiento de 5000 servicios solicitados por la empresa COCO WATER S.A., siempre y cuando exista la disponibilidad correspondiente y se cumpla con todos los requerimientos de orden técnico y reglamentario. Los costos de conexión y las tarifas a aplicar serán las que se encuentren aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, según la naturaleza de cada unidad servida, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA.

QUINTO: De conformidad con el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, los proyectos futuros de urbanización que requieran utilizar los servicios derivados de este proyecto, durante un plazo de cinco años, contados a partir de la terminación del mismo, deberán abonar a la empresa COCO WATER S.A. una cantidad proporcional por cada unidad proporcional por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto. Esta disposición no se aplicará a viviendas unifamiliares, para las cuales AyA podrá otorgar la disponibilidad de agua sin que se deba abonar ningún costo a Coco Water S.A., sin embargo si deberán cancelarse los costos del nuevo servicio que correspondan según ARESEP. Para dar cumplimiento a lo indicado en ésta cláusula, la empresa COCO WATER S.A. debe llevar una contabilidad de costos, autorizada por Contador Público Autorizado, quien certificará el final el costo real y total de la obra, el cual será verificado y aprobado por AyA.

SEXTO: Una vez concluidas las obras, éstas serán entregadas para la administración y operación por parte de AyA, previa verificación de cumplimiento de todos los requerimientos de orden técnico y legal. Los terrenos y servidumbres necesarios para el desarrollo y operación del sistema serán entregados debidamente inscritos en el Registro Público a nombre de AyA, libres de todo gravamen y anotación, siguiendo los procedimientos establecidos en el AyA.

SETIMO: La inspección del proyecto estará a cargo de AyA, quien velará no solo por la calidad constructiva, sino también para que los materiales, personal y equipo utilizado sean idóneos para este tipo de desarrollos. Las instrucciones giradas por AyA, serán de acatamiento obligatorio por parte de los constructores.

OCTAVO: La firma de esta carta de entendimiento no implica el otorgamiento de la carta de disponibilidad de agua, ni la autorización para el inicio de ninguna obra, ya que éstas se otorgarán hasta tanto se cumpla con todos los requisitos y aprobaciones regulares que prevén las leyes y los reglamentos vigentes, de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva No. AN-2001-137.".

Del análisis de las cláusulas antes citadas se desprende que la carta de entendimiento fue el documento en que la empresa Coco Water S.A. expresó su voluntad de realizar la obra y el AyA su autorización para que ésta se pudiera realizar. En la cláusula primera consta que la citada empresa financiaría en su totalidad las obras del supracitado proyecto.

Sin embargo, ni en esa carta ni en otro documento se consignaron aspectos relevantes para que quedara debidamente regulado el desarrollo de un proyecto de acueducto al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, que definiera aspectos tales como: especificaciones técnicas, responsabilidades o compromisos de las partes, cómo llevar a cabo la supervisión y fiscalización de las obras por parte del AyA, unidades o funcionarios del Instituto responsables de tales labores, trámite de aprobación de las modificaciones que pudiera sufrir el proyecto, aportaciones de la entidad en cuanto a estudios, plazo para entrega de la obra, emisión de informes técnicos y financieros, garantía de cumplimiento con base en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana, etc.

Aparte de lo señalado, debe indicarse que en la cláusula cuarta de dicha carta, se establece la obligación para AyA de garantizar el otorgamiento de 5.000 servicios solicitados por la empresa Coco Water S.A., y no obstante que se hace la aclaración de que siempre y cuando exista la disponibilidad correspondiente, dicha cláusula, por la forma que se plantea, podría dar margen para que la contraparte alegue un derecho preferente para la asignación de los servicios en menoscabo de los derechos de la colectividad. Sobre el particular, cabe señalar que la Procuraduría General en su criterio No. C-218-2008, de fecha 25 de junio del presente año, indicó que la autorización de inversión privada jamás puede ir en detrimento de la satisfacción del interés público, el cual se basa en principios de igualdad, universalidad, eficiencia y continuidad del servicio público a prestar.

A su vez, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley General de Agua Potable, No. 1634 del 18 de setiembre de 1953, "se declaran de utilidad pública el planeamiento, proyección y ejecución de las obras de abastecimiento de agua potable en las poblaciones de la República. En vista de la utilidad pública del agua, cualquier documento, sea carta de entendimiento o no, en el que se establezca el interés de un particular para desarrollar una obra con el fin de aprovechar el recurso hídrico, debe ser lo suficientemente claro y preciso, en cuanto a las especificaciones técnicas y otros requisitos importantes que deben quedar debidamente regulados para efectos de que el AyA, en cumplimiento de su deber de fiscalización, ejerza todos sus poderes de tutela y supervisión, con el propósito de asegurarse que un proyecto como el acueducto El Coco-Ocotal, se realice bajo los estrictos lineamientos técnicos, tendientes a garantizar una adecuada operación del sistema y, por ende, brindar un servicio público eficiente y evitar el riesgo de comprometer en forma alguna los derechos de la colectividad actual o de los habitantes de los eventuales nuevos desarrollos.

2.2. ACEPTACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO EL COCO-OCOTAL.

Del estudio efectuado se determinó que la Junta Directiva del AyA aceptó como garantía de la construcción de la obras de infraestructura del proyecto ampliación del acueducto El Coco-Ocotal1, la constitución del fideicomiso de acueducto Playas del Coco, sin conocer el contrato de fideicomiso. Sobre el particular, el Presidente Ejecutivo indicó lo siguiente: "La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no entró a conocer el fideicomiso como tal y su clausulado por lo que en concordancia con la petición del punto a) nunca fue aportado a esa Junta Directiva, ni avalado ni aprobado."2. Al respecto, debe indicarse que si bien ese contrato no lo suscribió el Instituto y no requiere de su aprobación para su validez por su carácter privado, la Administración al aceptarlo como garantía de las obras para los fines de los artículos 38 y 39 de la Ley de Planificación Urbana, tenía el deber de conocer su contenido, máxime si en éste se designaba al AyA como Fideicomisario Principal. Debido a dicha omisión, no conocieron, en principio, que en el clausulado de dicho contrato se establecían obligaciones que rozan con el ordenamiento jurídico, tales como las consignadas en la cláusula quinta, "Del Fiduciario", Apartado II, "De las instrucciones al Fiduciario" inciso d), que se cita a continuación:

"d) Entrega del Proyecto al Fideicomisario Principal: (…) el Fideicomisario Principal deberá comprometerse de forma irrevocable a lo siguiente: a) Asegurar a los FIDEICOMISARIOS FUNDADORES la conexión al suministro de agua para los proyectos urbanísticos y/o hoteleros que se describen en el Anexo II de este contrato. Para tal efecto, el Fideicomisario Principal deberá entregar Cartas de Disponibilidad de Agua Incondicionales a favor de cada uno de los FIDEICOMISARIOS, siendo que cada carta mencionará expresamente que AyA garantizará a cada FIDEICOMISARIO la cantidad de agua que le corresponda a su proyecto según detalle incluido en el Anexo II de este contrato; (…)" (El subrayado no corresponde al original).

Tampoco pudieron percatarse que dicho contrato de fideicomiso en la cláusula octava del punto H), en lo que se refiere a las "Normas de Carácter General" establece lo siguiente:

"Está completamente prohibido al Fiduciario, a los Fideicomitentes y a los Fideicomisarios, develar a terceros, sin autorización del Comité de Fideicomisarios, cualquier información relacionada, directa o indirectamente, con este contrato de Fideicomiso. El incumplimiento de lo anterior será considerado un incumplimiento grave, que dará derecho a los afectados a reclamar los daños y perjuicios causados".

La cláusula antes citada riñe con el accionar de una institución pública como es el AyA, ya que mediante un contrato privado que está aceptando como garantía de las obras del proyecto del acueducto de playas del Coco, y en el cual se le designa como Fideicomisario Principal, se le ponen restricciones que atentan contra los principios de transparencia, publicidad, y el principio constitucional relativo a la rendición de cuentas incorporado en el artículo 11 de nuestra Constitución Política.

Con condiciones plasmadas en el citado contrato, como las comentadas anteriormente, la Junta Directiva no debió aceptarlo como garantía de la construcción de las obras de infraestructura del acueducto El Coco-Ocotal, hasta tanto no se modificaran éstas, por cuanto se puede interpretar que se está comprometiendo a la entrega de la cantidad de agua que le corresponda a cada desarrollador según su proyecto, otorgando una ventaja indebida en relación con el resto de población de la zona, tanto así que se establece una distinción entre los fideicomisarios fundadores y los potenciales, pues a éstos últimos se les suministraría el agua potable siempre y cuando existan pajas de agua disponibles, lo cual va en detrimento del interés público y de los principios de igualdad, universalidad, eficiencia y continuidad, tal y como lo señaló la Procuraduría General de la República en su Dictamen No. C-218-2008, de fecha 25 de junio del presente año (en ese sentido ver el Voto 005645-2007 de la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia del 25 de abril de 2007).

Aparte de lo antes señalado, el AyA al aceptar el contrato de fideicomiso como garantía de las obras para los efectos de los artículos 38 y 39 de la Ley de Planificación Urbana, debió conocer y valorar los alcances del documento y verificar si constituía garantía suficiente para la conclusión de éstas, de lo cual no existe evidencia que se ha hecho. Como muestra, se señala que en el acuerdo de dicha Junta, no consta que se haya verificado entre otros aspectos, si los bienes inmuebles que deben traspasarse al AyA, estaban inscritos a nombre del banco fiduciario al momento de solicitar la autorización de la cesión de derechos.

2.3. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO EL COCO-OCOTAL, SIN CONTAR CON ESTUDIOS HÍDRICOS SUFICIENTEMENTE DETALLADOS.

En relación con los estudios hídricos con que debía contar este proyecto sobre los mantos acuíferos de Sardinal, este órgano contralor consultó al Presidente Ejecutivo del AyA3, el cual, entre otros aspectos, señaló lo siguiente4: "(…) se puede asegurar que AyA contó con los estudios que se consideraron necesarios para autorizar el diseño y lo más importante que se dispone de un caudal suficiente en el acuífero para la sostenibilidad del proyecto. (…) AyA cuenta con estudios técnicos serios en materia de producción de agua del acuífero de Sardinal y de la proyección de la demanda que se podrá cubrir acorde con la oferta disponible, de forma tal que no se incumple con el aspecto esencial que es la preservación y protección del recurso hídrico, en razón de que no se está exponiendo a una sobreexplotación del recurso hídrico subterráneo, por cuanto la producción de éste es inclusive mayor a la estimada en el estudio hidrogeológico elaborado en AyA.. (…) En ese sentido se realizó un estudio hidrogeológico conforme al cual no se afectará el manto acuífero de la zona…". Sobre el particular, de las investigaciones realizadas por esta Contraloría General se determinó lo que a continuación se indica:

1. Mediante la formalización de la carta de entendimiento del 16 de marzo de 2006, el AyA autorizó a la empresa Coco Water S.A. para que desarrollara el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. Para esa fecha se disponía de un informe preliminar sobre las necesidades del acueducto de playas de El Coco-Ocotal5. El informe final fue concluido por el Ing. Esteban Vargas Rounda en el mes de octubre del 2006, no obstante para ese mes ya se había comprometido el suministro de agua en 2.330 servicios,6 producto de las cartas de disponibilidad de agua emitidas en la Regional Chorotega, tema sobre el cual se ahondará más adelante en este informe.
2. La Junta Directiva en sesión ordinaria 2001-035 del 23 de mayo de 2001, tomó el acuerdo No. 2001-137, artículo 4°, referente a que no se autorizarán fraccionamientos, lotificaciones, urbanizaciones o condominios, cuyo suministro de agua potable, provenga de los acuíferos, salvo que previamente el interesado que quiera acogerse a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Planificación Urbana, presente un estudio hidrogeológico integral del acuífero y la cuenca hidrográfica, mediante el cual demuestre los caudales de recarga y los caudales actualmente explotados. Dicha condición no se cumplió en el caso de la empresa Coco Water S.A.
3. En el expediente No. JD-2007-001, relacionado con el procedimiento administrativo que se instauró y en el cual se establecieron responsabilidades administrativas producto de la emisión de cartas de disponibilidad de agua en la zona de El Coco, Guanacaste,7 se tuvo como hecho probado, entre otros: que no se constató el balance hídrico del acuífero y su calidad físico-química y biológica para garantizar que los nuevos habitantes que eventualmente se asienten en sus proyectos tendrían agua de calidad y cantidad adecuada. En cuanto a los estudios hídricos, en dicho expediente consta,8 que en mayo de 2007 el Director de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA, Ing. José Luis Arguedas Negrini, manifestó lo siguiente: "Técnicamente va a haber el recurso hídrico de algún lado. Lo que tiene El Coco actualmente ya está casi llegando a su límite. Por recomendaciones de la misma geóloga, dijo ya El Coco no se puede explotar más, hay que salirse".
4. Hasta el mes de enero de 2008, es que la Jefe del Departamento de Estudios Básicos del AyA, Hidróloga Viviana Ramos Sánchez, emitió un informe que contiene los resultados del denominado "Estudio Hidrogeológico del Acueducto Sardinal-2008", el cual es entregado el 17 de febrero del año en cita, al Presidente Ejecutivo de este Instituto9. Con base en diversos estudios que se mencionan en la página 21 de dicho informe, es que esa funcionaria determinó las condiciones hidrogeológicas del Acuífero Sardinal.10
5. En cuanto a los estudios que utilizó como referencia la Hidróloga Viviana Ramos Sánchez, el MSc. Mario Arias Salguero de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, ante petición de la Defensoría de los Habitantes,11 efectuó un análisis de cada uno de ellos y llegó a la siguiente conclusión: "Al considerar toda la información referida en los estudios analizados, se concluye que no existe un estudio detallado del acuífero Sardinal, que muestre el modelo hidrogeológico, ni el cálculo específico de la recarga directa por lluvia para la zona de dicho acuífero con datos propios del sitio y actualizados.".
6. El 13 de mayo de 2008, el AyA entregó al SENARA los siguientes estudios técnicos.12 "Informe proyecto final playas El Coco-Ocotal, Guanacaste", elaborado por el Ing. Esteban Vargas y el "Estudio Hidrogeológico del Acuífero Sardinal-2008", preparado por la Hidróloga Viviana Ramos. En relación con dichos estudios, el Ingeniero Carlos Romero Fernández, Director de Aguas Subterráneas del SENARA, señaló en su oficio No. ASUB-230-08 del 29 de mayo del año en cita, entre otros aspectos, lo siguiente:

"Cabe notar que al no existir una valoración de si estos sistemas acuíferos soportan la infraestructura proyectada, pondrían en peligro la sostenibilidad en calidad y cantidad del recurso hídrico existente en ambos acuíferos.

La evaluación del impacto hacia las aguas subterráneas por la puesta en operación del acueducto El Coco-Ocotal debe realizarse en función de los acuíferos que están dentro del área de influencia del proyecto: Acuíferos Sardinal, El Coco y Ocotal.

Los estudios presentados no cuentan con la información suficiente para valorar el efecto de la explotación de los campos de pozos de Sardinal y el Coco, sobre los acuíferos explotados y sobre otras captaciones y aguas superficiales existentes en el área de influencia de los campos.

No se evalúa el impacto sobre los acuíferos de Ocotal y El Coco, dado el aumento en la capacidad de abastecimiento del acueducto que se traduce en un aumento en la infraestructura sobre los acuíferos del Coco y Ocotal, y en un riesgo hacia la calidad y cantidad de agua en el acuífero.".

Además, en relación con los mencionados estudios, el Ingeniero Carlos Romero Fernández, Director de Aguas Subterráneas del SENARA, indicó a este órgano contralor, entre otros aspectos, lo siguiente:13

"El estudio realizado por Ing. Esteban Vargas, describe las características técnicas del acueducto, este estudio no contempla la valoración de los acuíferos Sardinal y El Coco-Ocotal y por tanto no arroja resultados de si tienen suficiente agua para abastecer los proyectos de los acueductos.".

Asimismo, el citado Director indicó que: "En cuanto al estudio de la MSc. Viviana Ramos, este no contempla el acuífero El Coco-Ocotal y la valoración realizada es únicamente del acuífero Sardinal. Los resultados del estudio de Ramos tienen un nivel de investigación insuficiente al requerido para evaluar el efecto de la explotación intensiva del acuífero Sardinal por medio del establecimiento de un campo de pozos y determinar si el acuífero tiene suficiente agua para abastecer los proyectos de los acueductos, criterio que en lo general ha compartido la Escuela de Geología de la UCR.".

7. Por su parte, el Gerente General de SENARA, Ingeniero Bernal Soto Zúñiga, indicó a este órgano contralor,14 entre otros aspectos, los siguientes:

"…La demanda de agua potable de los acuíferos de las zonas de Sardinal y playas del Coco, para los proyectos actuales y futuros no se conoce en detalle….En la actualidad, SENARA cuenta con estudios de oferta disponible en el acuífero del Tempisque; sin embargo, estos estudios son de carácter regional y debido a la demanda creciente de los últimos años, se requiere estudios a nivel de detalle por sectores acuíferos, con el fin de establecer cual (sic) es la oferta y demanda del sistema acuífero de dichos sectores.".

8. El 3 de junio de 2008, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) nombró una comisión integrada por funcionarios del Departamento de Aguas del MINAET, AyA y Área de Aguas Subterráneas del SENARA, con el fin de coordinar un trabajo técnico y rendir un informe sobre la disponibilidad de agua, cumpliendo con los estudios requeridos por el SENARA en el oficio No. ASUB-230-08 del 29 de mayo de 2008; esto dado que de acuerdo con esta última entidad, los estudios del AyA no tenían el nivel de detalle por sectores acuíferos que permitieran establecer la oferta y demanda real del sistema acuífero de Sardinal y El Coco-Ocotal, y porque no tenían un nivel de investigación suficiente al requerido para evaluar el efecto de la explotación intensiva de dichos acuíferos.15

El cumplimiento en cuanto a los estudios requeridos por el SENARA se hace también en vista que de acuerdo con los incisos e) y h) del artículo 3° de la Ley de Creación del Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, No. 6877 del 18 de julio de 1983, es a esa Institución la que le compete "Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos;" y "Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio…".

9. Producto de los acuerdos tomados por la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, fue contratado el Hidrogeólogo Msc. Gunther Schosinsky Neverman de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, para que realizara una evaluación de la recarga potencial del acuífero Sardinal. Dicho Hidrogeólogo, en el mes de agosto de 2008 emitió el documento denominado "Estudio Hidrogeológico Balance Hídrico y Modelo Conceptual Acuífero Sardinal", en el cual concluye que la recarga total de la cuenca es de aproximadamente 1.145 lps, pero recomienda no bombear un caudal mayor de 919 lps, mientras no se realice un programa de control y monitoreo de la explotación de los pozos existentes, así como el levantamiento y descripción de los posibles pozos ilegales, de tal forma que se permita conocer con mayor certeza el comportamiento de los niveles y el flujo del acuífero.
10. Con base en el estudio de Gunther Schosinsky, el 6 de Agosto del 2008, la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal, que nombró el MINAET, acordó lo siguiente:

"El informe indica que la explotación ha de realizarse por etapas, conforme el incremento real de la demanda. Comenzará con una explotación de 70 litros por segundo, lo cual satisface la demanda hasta el 2010.

(…)

La explotación de los restantes 105 litros por segundo se podrá aplicar conforme lo defina el MINAET basados en los resultados del proceso de monitoreo de explotación y comportamiento del acuífero y la extracción controlada de todos los pozos en la cuenca alta del Río Sardinal, la que se realizara por las instituciones AyA, SENARA y MINAET, con la participación activa de las comunidades.".

Además, se señala que del acuífero de El Coco se dejarán en "reserva los 19 litros por segundo de los nuevos pozos, los cuales quedarán para el AyA como fuente de abastecimiento alterna.".

También en el citado acuerdo de la Comisión se menciona que con el fin de establecer de forma conjunta con el MINAET una explotación sostenible del acuífero, la Dirección de Aguas Subterráneas del SENARA al 9 de setiembre de 2008 desarrollaría el "Modelo Hidrogeológico conceptual del Acuífero Sardinal, entendido como aquel que describe el tipo de acuífero, sus propiedades hidráulicas, unidades hidrogeológicas, dirección de flujo.".

11. En cuanto al estudio del Hidrogeólogo Gunther, el Ingeniero Carlos Romero Fernández, Director de Aguas Subterráneas del SENARA, indicó a este órgano contralor16, que ese estudio no contempló entre otros, los siguientes requisitos:

"En cuanto los resultados del estudio de Schosinsky en relación con el modelo hidrogeológico conceptual, el cual es indispensable para el conocimiento del acuífero, esta variable no fue considerada plenamente en el estudio, en el cual sólo plantea someramente los mecanismos de recarga y descarga del acuífero, sin caracterizar a detalle el acuífero, ni valorar las propiedades físicas de éste.

Así mismo, el estudio no presentó la evaluación de la disponibilidad del agua en el acuífero, así como la evaluación de la relación acuifero-río y la extracción del campo de pozos (4 pozos) a diferentes escenarios de explotación 50 l/s, 100 l/s y 176 l/s, elementos considerados dentro de los términos de referencia acordados en la comisión.".

Igualmente, indicó el Ingeniero Romero Fernández, que dada la ausencia de algunos requisitos indispensables en el estudio del ya citado Hidrogeólogo, en la reunión del 6 de agosto del 2008 de la mencionada Comisión Técnica, el SENARA se comprometió a realizar el modelo hidrogeológico conceptual y el cálculo de la disponibilidad de agua en el acuífero, a fin de contar con un documento final del estudio hidrogeológico del acuífero Sardinal, según los términos solicitados en el oficio ASUB-230-08.

12. El 21 de octubre de 2008, el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones remitió a este órgano contralor el informe preliminar denominado "Informe Técnico para la Gestión de la Seguridad Hídrica del Acuífero Sardinal, en su versión preliminar.".17 En este documento se concluye lo mismo que ya había acordado la Comisión el 6 de agosto del año en cita.
13. El 28 de octubre de 2008, se recibió de parte del Director del Área de Aguas Subterráneas del SENARA,18 el "Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal, Carrillo"19. En este documento se señala, entre otros aspectos, lo siguiente:

"En condiciones naturales de acuífero sin explotación, la recarga rechazada correspondería a 545 L/s (extracción por pozos más la recarga rechazada), de los cuales actualmente se está aprovechando un 42.4% que equivale a una extracción de 231 L/s. /La recarga potencial al acuífero fue determinada en 1145 L/s y la descarga total en condiciones actuales es de 831 l/s lo cual nos da una recarga rechazada actual de 314 L/s que equivale a 9.886.074 m3/año.

(…)

Con los resultados obtenidos a nivel anual del Balance de Aguas Subterráneas, basado en análisis de precipitación de año promedio se concluye que el acuífero de la cuenca alta del río Sardinal no se encuentra en sobreexplotación…./ Con base en los resultados del BAS, se considera factible la explotación de 70 l/s de los pozos del Acueducto de Sardinal, condicionado al monitoreo del comportamiento del acuífero contra su explotación durante un periodo no menor de dos años. Sin embargo, dado que el campo de pozos del AyA se encuentra ubicado aguas abajo de la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, debe evaluarse el efecto de la extracción de agua de los pozos del AyA sobre la microcuenca, por medio del monitoreo continuo de los niveles de agua en los pozos de la microcuenca.".

(…)

"En la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal ubicada al norte de la comunidad de Sardinal, basado en los resultados del análisis de extracción versus recarga que indican que en este sector el acuífero posiblemente se encuentra en un estado de sobreexplotación, no se debe dar ningún permiso de perforación ni concesión de agua adicional, debe implementarse medidores de caudal para el control de la extracción y realizarse un análisis detallado de campo de la extracción mensual y el balance de aguas subterráneas mensual para la microcuenca, en dado caso que los resultados se mantengan debe procederse al cierre de los aprovechamientos de agua ilegales y limitar las actividades que permitan la impermeabilización de los suelos para mantener la recarga en la zona. Esta microcuenca debe ser considerada como una zona de manejo especial.

(…)

El agua disponible en el acuífero para su explotación, será determinado una vez sean concluidos el proceso de monitoreo y control de dos años del acuífero y los estudios de validación de balance de aguas subterráneas.

(…)

El agua disponible corresponde a un porcentaje de la recarga rechazada natural, considerando el esquema de rendimiento seguro para el manejo sostenible del acuífero. El rendimiento seguro mínimo recomendado es de un 25% del agua rechazada en condiciones naturales y el agua disponible máximo corresponde al 75% de la recarga rechazada natural." ( El subrayado no es del original)

También del "Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal", el SENARA hace una serie de recomendaciones relacionadas con el control y el plan de monitoreo de explotación, comportamiento y extracción controlada del acuífero de Sardinal, tales como: realizar pruebas de bombeo; instalar una estación de medición del caudal en el Río Sardinal; efectuar un inventario exhaustivo de los pozos legales e ilegales para realizar la cuantificación de la extracción mensual real; instalar una estación climática en la zona; realizar para el acuífero un mapa de vulnerabilidad hidrogeológica y; evaluar el efecto de la extracción de agua de los pozos del AyA sobre la microcuenca de las quebradas Vainilla y Nisperal, por medio del monitoreo continuo de los niveles de agua en los pozos de la microcuenca.

n) En reunión del 6 de noviembre de 2008, la Comisión Técnica Acueducto Sardinal y El Coco-Ocotal conoce lo dispuesto en el "Estudio Hidrogeológico Detallado Acuífero de la parte alta de la Cuenca del Río Sardinal, Carrillo" del SENARA y mantiene lo acordado en la reunión del 6 de agosto del 2008.

De acuerdo con la información recopilada, se concluye que el AyA autorizó el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, sin contar de antemano con estudios hídricos suficientemente detallados de los mantos acuíferos de Sardinal y El Coco-Ocotal, que realmente evidenciaran que existía agua suficiente para satisfacer a largo plazo no sólo los 5.000 servicios requeridos por la empresa Coco Water S.A., sino también la demanda futura para el resto de la población de la zona.

En aras de la protección del recurso hídrico, el cual resulta fundamental para garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que señala el artículo 50 de la Constitución Política, así como en cumplimiento de este derecho constitucional y de los deberes estipulados en su Ley Orgánica, dicho Instituto debió autorizar dicho proyecto sólo sí disponía de estudios hídricos suficientemente detallados. Lo anterior máxime que conforme a lo señalado en el artículo 2° inciso c) de su Ley Orgánica, el AyA tiene la obligación de "Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas".

Sobre el tema de la disponibilidad del recurso hídrico, la Sala Constitucional20 ha sido enfática en señalar la necesidad de la realización de estudios técnicos que no comprometan el suministro futuro al indicar:

"el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura de las aguas subterráneas pasa por proteger el recurso antes de su contaminación o degradación." (Sentencia 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004).

2.4. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL COCO-OCOTAL, SIN CONTAR DE PREVIO CON LOS PERMISOS DE LAS ENTIDADES COMPETENTES Y EL PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES.

En relación con los trámites de aprobación ante las entidades competentes de los planos de todas las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, así como lo relativo a la licencia municipal y el pago de los impuestos de ley, este órgano contralor determinó lo siguiente:

1. La Auditoría Interna del AyA en el estudio que realizaron sobre el "Trámite y construcción mejoras al acueducto El Coco-Ocotal", determinaron que al 7 de febrero de 2007, la empresa Coco Water S.A., por medio de la empresa constructora INFRATEC,21 había colocado en calle Las Chorreas, 1.115 metros lineales de tubería y que de igual modo al mes de noviembre de ese año, la empresa constructora MECO S.A. había instalado 1500 metros de tubería en el tramo correspondiente a la línea de impulsión del sitio donde se localiza el pozo conocido como "del Itabo (Boulevard) en el Coco" sin contar con: los planos debidamente aprobados por las entidades competentes, la licencia municipal y sin haber pagado el impuesto de construcciones. Lo anterior, según ese informe, contraviene lo dispuesto en los artículos 74 de la Ley de Construcciones, 57 de la Ley de Planificación Urbana, 312 de la Ley General de Salud, y 52, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, así como los en artículos 1, 2 y 4 del Reglamento Especial del cuaderno de bitácora de obras emitido por el citado Colegio.22

En el informe de la Auditoría Interna se señala que en la Región Chorotega, el AyA tenía a tiempo completo al Sr. Guillermo Silva Carrillo, como supervisor del proyecto, el cual mantenía como control una bitácora informal en la cual consta que la construcción del tramo de tubería con una longitud de 1.115 metros lineales, se efectuó entre el 11 de noviembre 2006 y el 2 de febrero del 200723, o sea, que la administración tenía conocimiento de que la empresa Coco Water S.A. había iniciado las obras en contravención a la normativa vigente en materia de construcciones.

2. No obstante lo indicado en el inciso anterior, no es sino hasta el 18 de setiembre de 2007, que la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA24 solicitó a la Municipalidad de Carrillo autorización para el rompimiento de vías cantonales, con el fin de instalar tubería para la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. En esa nota se indica lo siguiente: "Dicha obra será con planos del AyA y propiedad de nuestra institución. La construcción y financiamiento del proyecto será manejado por un fideicomiso formado por un grupo de inversionistas privados, apoyados por consultores privados" ( El subrayado no es del original). Producto de la gestión realizada por la citada Dirección se evita el pago de los impuestos municipales que le correspondía cubrir a los desarrolladores privados.
3. El 26 de noviembre de 2007 se inició la construcción del tanque de almacenamiento de agua de 1.000 m3 sin los permisos respectivos,25 por parte de la empresa constructora Marshall, subcontrata por MECO S.A. Los planos de esta obra fueron visados y tasados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica el 16 de enero de 2008 en ¢36.400.000,00 y la solicitud formal del permiso de construcción es tramitada el 18 de enero de 2008 por el Gerente General del AyA de ese entonces, pero dicha solicitud quedó suspendida porque la Municipalidad de Carrillo exigió el documento de exoneración del pago de impuestos de bienes inmuebles que asciende a ¢225.898.05, así como el del permiso de construcción por ¢364.000,00, el cual no fue presentado. No obstante lo anterior, al 4 de febrero del año en cita, las obras seguían en proceso.
4. El 15 de enero de 2008, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica procedió al visado y tasación de los planos de un proyecto de tanque de captación de 2.500 m3. El permiso de construcción fue tramitado a nombre del Banco Improsa S.A., como propietaria del lote donde se está edificando dicho tanque,26 y fue concedido por la Municipalidad de Carrillo el 6 de marzo de 2008, bajo el No. 098-2008; valorando la obra en ¢123.550.000,00, pero no consta en dicho permiso que se haya pagado el impuesto de construcciones que es el 1% sobre el valor de la obra.

Dicha obra también se inició sin tramitar el permiso respectivo ante la Municipalidad de Carrillo, ya que desde el 21 de febrero del 2008,27 el Ing. José Luis Arguedas Negrini le advirtió al Ingeniero de Proyectos del Fideicomiso, sobre la construcción de los dos tanques que se estaban realizando con un menor volumen al realmente autorizado.

5. La Dirección de Estudios y Proyectos del A y A, en nota el 22 de noviembre de 2007 que remitió a la Municipalidad de Carrillo,28 entre otras obras, gestionó el permiso para la construcción de cinco casetas para equipos de control y de cloración, con áreas de 15 m2 que se efectuarían como parte del proyecto; sin embargo, no se localizó evidencia de que se haya tramitado formalmente la licencia municipal y tampoco de que se hubiera pagado el impuesto respectivo. El AyA por disposición legal, está obligado a fiscalizar que todo el proceso constructivo del proyecto estuviera apegado a derecho; lo cual no incluye gestionar y tramitar los permisos de construcción.

f) En relación con la ejecución de las obras sin contar con los permisos respectivos, el Presidente Ejecutivo del AyA, indicó a este órgano contralor,29 que "Concretamente, respecto del tramo ejecutado por Coco Water S.A. la Administración desconocía la ejecución del tramo de referencia". Asimismo, indicó que: "En términos generales, se asegura que AyA ha gestionado los permisos necesarios precisamente en respeto al ordenamiento jurídico, teniendo claro que se trata de un proyecto de acueducto en el que AyA tiene demostrado el interés público de éste, que beneficia a la comunidad como un todo y el que cuente con financiamiento particular, no demerita el carácter público de la obra, que queda reforzado en el fin público que cumplirá. No obstante, se debe indicar que la primera etapa del proyecto de marras amparado en la normativa aplicable en ese momento obvió los permisos en la tramitación de los planos, con la consecuente indagatoria y apertura de órganos directores conforme se indica en este documento.".

En relación con el argumento del citado funcionario de que el proyecto del acueducto El Coco Ocotal es obra pública, debe señalarse que es contrario al criterio de la Dirección Jurídica del AyA, el cual consta en el punto II del memorando DJ-2007-540 del 18 de febrero del 2007, emitido como respuesta al acuerdo de Junta Directiva No. 2008-049, el cual se transcribe en la parte que interesa.

"(...) II. DE LA FIGURA DEL FIDEICOMISO PARA GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Con fundamento en la posibilidad que nos ofrece la Ley de Planificación Urbana (Ley No. 4240), AyA publica el pasado 19 de septiembre del 2007, en el Diario Oficial la Gaceta No. 180 el "Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley No. 4240) en obras de acueductos y alcantarillados de AyA", el cual regula el planeamiento, ejecución y habilitación, bajo el costo del desarrollador o fraccionador, según sea el caso, de todas las obras a ejecutarse fuera de su propiedad para obtener los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario, incluido el tratamiento de aguas residuales, y que una vez terminadas, sean traspasadas AyA; constituyéndose en obra pública." (El subrayado no es del original).

Como complemento al criterio de la Dirección Jurídica del AyA, debe indicarse que la planificación, el financiamiento y la construcción del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal, está a cargo de un grupo de personas jurídicas privadas a través del "Fideicomiso acueducto playas del Coco". Esta obra no está sustentada en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, no hay contraprestación alguna por parte del Estado, corre por cuenta y riesgo de los fideicomitentes, se realiza principalmente en satisfacción de los intereses de éstos, lo cual evidentemente se desprende del contrato de fideicomiso. No media un contrato de obra pública, el cual por principio se celebra mediante el procedimiento administrativo de licitación pública.

Además, para la administración de los recursos aportados por los fideicomitentes para el proyecto en cita, se constituyó un fideicomiso cuyo mecanismo financiero permite a los desarrolladores actuar con toda libertad para contratar o subcontratar a empresas para la dirección y construcción de las obras, sin estar sujetos a normativa del Derecho Público Administrativo y a ninguna instrucción de parte del AyA en materia de contrataciones.

De acuerdo con las características antes descritas, en apego a nuestro ordenamiento jurídico, y lo establecido por la doctrina en materia de obra pública30 y la citada opinión de la Dirección Jurídica del AyA, el criterio de este órgano contralor es que el proyecto de acueducto El Coco–Ocotal es una obra privada que adquirirá el carácter de pública una vez que haya sido recibida por la Administración a entera satisfacción.

Asimismo, en relación con la ejecución de las obras, el Presidente Ejecutivo indicó a este órgano contralor lo siguiente: "…en virtud del interés público demostrado en este proyecto tal y como ha sido avalado por la Procuraduría General de la República, el AyA tuvo una participación directa en la tramitación de permisos, para lo cual, el Instituto se apoyó en la jurisprudencia administrativa emitida por la Procuraduría, vigente en ese momento, conforme a la cual, las obras públicas se encontraban exentas del pago de impuestos municipales…".

Al respecto, debe señalarse que la jurisprudencia que cita el Presidente Ejecutivo,31 es muy clara en cuanto a que los edificios públicos construidos por el Estado están exentos de la licencia y el pago del 1% del impuesto por construcción, pero dicha jurisprudencia no da margen para interpretar que aplica para los desarrolladores privados del supracitado proyecto, tan es así, que en el dictámen No. C-218-2008 del 25 de Junio de 2008, la Procuraduría General de la República, concluye que: "El urbanizador particular que realiza las obras de infraestructura de acueductos y alcantarillado, no está excluido de solicitar el respectivo permiso constructivo ni habilitado legalmente para la exoneración a su favor del pago de los impuestos respectivos, pues dicha posibilidad aplica únicamente para las dependencias del gobierno y las instituciones públicas, en virtud de lo establecido en los numerales 74, 75 y 80 de la Ley de Construcciones, 70 de la Ley de Planificación Urbana, y 2 de la Ley N° 7293 del 31 de marzo de 1992, Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones.".

Es importante destacar, que de acuerdo con el artículo 89 inciso a) de la Ley de Construcciones, el incumplimiento de la licencia municipal constituye una infracción sancionada con multa, de manera que el interesado estará obligado a pagar no sólo el 1% del impuesto de construcciones, sino también la multa que se le imponga. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82, 88 y 93 de la citada Ley.

De lo comentado se resume que a pesar de que estaba contemplado en la carta de entendimiento la obligación de la empresa Coco Water S.A., de cumplir con todos los trámites de aprobación ante las entidades competentes de los planos de todas las obras del proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, y de obtener la licencia municipal y por ende pagar el 1% del impuesto de construcción, se terminaron obras tales como la instalación de 1.115 metros lineales de tubería en calle Las Chorreas y 1.500 metros de tubería en el tramo correspondiente a la línea de impulsión del sitio donde se localiza el pozo conocido como "del Itabo (Boulevard) y se tienen otras en proceso como los tanques de captación de 2.500 m3 y 1.000 m3, así como las casetas para equipos de control y de cloración, sin cumplir con los trámites y requisitos legales. En relación con dichas obras, el AyA fue quien gestionó ante la Municipalidad de Carrillo los permisos para algunas de éstas, con lo cual el ente municipal no percibió los impuestos de ley.

En vista de lo anterior, es criterio de este órgano contralor, que los desarrolladores del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal, para poder continuar con dicho proyecto, deben ponerse a derecho con la licencia municipal y el pago del 1% del impuesto de construcciones y la multa respectiva que establecen los artículos 74 y 79 de la Ley de Construcciones, sobre todas las obras del citado proyecto, de lo cual el AyA deberá velar para que se cumpla.

2.4.1. MEDIDAS TOMADAS PRODUCTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS.

a) Como en los numerales 2.4.1.1. y 2.4.2.4. del informe No. AU-2008-255 de la Auditoría Interna del AyA, se consigna la construcción de obras en contravención a la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y a los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento Especial del cuaderno de bitácora de obras emitido por el citado Colegio, este órgano contralor solicitó al Auditor Interno del AyA,32 que valorara la remisión de los hechos descritos en esos numerales al citado Colegio, para los efectos que éste considerara pertinentes. En atención al referido oficio, el Auditor Interno del AyA remitió dos días después el oficio No. AU-2008-435, al Ing. Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo de dicho Colegio, comunicando las situaciones descritas en el informe en mención.

b) El 21 de julio de 2008,33 este órgano contralor solicitó al Licenciado Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Carrillo, que procediera a efectuar las investigaciones pertinentes con el objeto de que determinara si todas las obras que se ejecutaron en el proyecto ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, estaban a derecho con los permisos y el pago del impuesto de construcciones. Asimismo, se le indicó que en caso de que las referidas empresas no hubieran cumplido con tales obligaciones, la Municipalidad deberá efectuar de inmediato las gestiones correspondientes para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Nos. 55, 74, 77 y 79 de la Ley de Construcciones y el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana.

2.5. CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL PROYECTO, EN FORMA DISTINTA AL DISEÑO QUE TÉCNICAMENTE SE ELABORÓ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Con respecto a la construcción de los tanques de almacenamiento del proyecto, este órgano contralor determinó lo que a continuación se detalla:

a) El 12 de junio del 2007, el Director de Proyectos del Fideicomiso Acueducto El Coco-Ocotal, gestionó ante al AyA, readecuar el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal en cuanto a capacidad de los tanques y el diámetro y tipo de tubería, con el fin de disminuir los costos de US$7.0 millones a US$6.5 millones. En respuesta a dicha petición, el Ing. Esteban Vargas Rounda34, efectuó un análisis de los cambios propuestos, y llegó a las siguientes conclusiones:

"De acuerdo con el análisis del modelo hidráulico, no es posible abastecer la zona de Ocotal…/ Las condiciones hidráulicas del modelo y el uso de válvulas de regulación de presión no permiten modificar el sistema para funcionar con un solo tanque. Por tanto, se considera preciso construir el tanque de 5.000 m3, en una sola etapa y el tanque de 2.000 m3, en dos etapas de 1.000 m3, para garantizar el buen funcionamiento del sistema".

2. Mediante oficio EyP-2007-569 del 19 de junio del 2007, emitido con copia para la Presidencia Ejecutiva, el Director de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA le comunicó al Director de Proyectos del Fideicomiso Acueducto El Coco-Ocotal (NOVATECNIA), entre otros aspectos lo siguiente: "2- No será necesario instalar aquellas tuberías en la red de distribución en donde no habrá desarrollos, en el entendido que si posteriormente son requeridas estarán a cargo del interesado./ 3- Se podrán disminuir los volúmenes de almacenamiento en una cantidad que oportunamente le estaremos informando./ Si no se resuelve el asunto del tamaño del terreno para el tanque de 5.000 m3, es muy probable que éste tendrá que hacerse de ese volumen, ya que en el terreno no habría espacio para el otro tanque que quedaría pendiente. / Se aceptarán en algunos casos cambiar a tubería de PVC en vez de hierro dúctil, manteniendo siempre las características de presión y capacidad hidráulica." ( El subrayado no es del original).
3. En la nota sin número de fecha 20 de julio de 2007, suscrita por miembros del Comité de Fideicomisarios del Fideicomiso del Acueducto de playas del Coco, que dio origen a que la Junta Directiva del AyA aceptara el contrato de fideicomiso como garantía de las obras del mencionado proyecto,35 se señaló en el punto No. 4 lo siguiente: "el patrimonio fideicometido de dicho contrato actualmente está conformado por siete millones de dólares, monto suficiente para realizar el proyecto (se adjunta presupuesto actualizado del proyecto con las modificaciones aceptadas por el Departamento Técnico del AyA, como anexo)." En dicho presupuesto, están contemplados los costos de la construcción de un tanque de 5.000 m3, con tuberías de hierro dúctil de 500 y 350 mm para las líneas de impulsión y conducción, y un tanque de 2000 m3, con tuberías de distribución en hierro dúctil de 350 mm y de distribución de 100, 250 y 300 mm; tal como está consignado en el diseño original que el AyA suministró a la empresa Coco Water S.A. Dicho presupuesto está respaldado en un oficio del Banco de Costa Rica, en su condición de fiduciario,36 el cual indica que el patrimonio del Fideicomiso asciende a la suma de siete millones de dólares, documento que también fue conocido por la Junta Directiva del AyA.37
4. El 15 de agosto de 2007, el Director de Proyectos del Fideicomiso Acueducto El Coco-Ocotal, nuevamente le plantea al Presidente Ejecutivo del AyA, la necesidad de construir un tanque de almacenamiento de 2,500 m3 y otro de 1.000 m3, alegando las limitaciones de presupuesto que tienen y que la capacidad faltante siempre podrá se construida en los lotes previstos, pero que "necesariamente va a tener que ser ejecutada con los recursos de un siguiente Fideicomiso o bien, con los recursos del AyA.".

Ante tal situación el Presidente Ejecutivo le comunicó lo siguiente: 38 "tomando en consideración el informe técnico realizado por la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Institución, le indico que todos los cambios solicitados son aceptados, excepto en lo referente a los tanques de almacenamiento, en donde es preponderante, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, construir en una primera etapa el tanque de almacenamiento de 5000 m3 y en dos etapas posteriores, dos tanques de almacenamiento de 1000 m3 cada uno." (El subrayado no es del origina).

e) El 21 de febrero del 2008,39 con copia al Presidente Ejecutivo, el Director de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA, le advierte al Ingeniero de Proyectos del Fideicomiso, que el Proyecto de Mejoras al Acueducto El Coco-Ocotal propuesto es para 8 mil pajas más lo correspondiente al crecimiento vegetativo; por lo tanto, si los tanques se construyen de menor volumen (3.500 m3), como lo están haciendo, las pajas disponibles para el fideicomiso serán de 4.000, porque se estaría con un déficit de almacenamiento y no se garantizará el servicio al resto de los desarrolladores que lleguen a partir de la paja 4001.

f) En estudio realizado a inicios del mes de abril de 2008 por el Ing. Alejandro Fernández, funcionario del Departamento de Desarrollo Físico de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA, sobre el volumen de almacenamiento del acueducto El Coco-Ocotal y la capacidad de abastecimiento con los tanques de 2.500 y 1.000 m3, concluyó lo siguiente40:

"(…) 6. Con el tanque adecuado el sistema tendría capacidad de suministrar 242,8 l/s por 24 horas con un tanque insuficiente la capacidad total de bombeo del sistema se usará solo algunas horas.

7. Con un tanque menor el bombeo no podrá ser continuo, deberá especificarse una serie de jornadas de bombeo de tal manera que la curva de producción se ajuste a la curva de consumo.

8. En los análisis que hemos realizado se determinó que para un volumen de 3500 m3, considerando los dos tanques de manera independiente, cada uno con su respectiva capacidad máxima de producción se puede dotar de agua a 7334 servicios.

(…)11. Tomando en cuenta que actualmente el acueducto del Coco atiende 2.589 servicios (datos del sistema Open S.G.C) estos deben descontarse de los 7.334 servicios posibles. Por tanto quedan disponibles 4.745 servicios de los cuales 4.000 quedarían para los desarrolladores y 745 para el crecimiento vegetativo.".

Pese a que en el referido memorando No. DF-EYP-08-056 del 10 de abril de 2008 se indica que quedarán disponibles 4.745 servicios, es preciso señalar que mediante oficio No. SBADI-08-186 del 7 de noviembre de 2008, se le remitió a esta Contraloría General copia del memorando No. DEP-2008-118541, en el cual se señala que realmente con la explotación de los 70 lps, a la que se aludió en el punto 2.3. de este informe,"...aplicando los mismos parámetros de diseño del Estudio Proyecto Final del Acueducto Playas del Coco-Ocotal, dotación de 500 litros habitantes día y hacinamiento de 4.06 habitantes/servicio, se podrán brindar 2979 servicios, sin considerar los 2589 servicios vigentes".

g) El 21 de abril de 2008, el Director de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA, le comunicó al Ing. Rónald Rojas de Ingenieros Consultores (DEHC) y al Ing. Juan Manuel Leiva de NOVATECNA, quienes han estado a cargo del proceso constructivo del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal,42 que si el almacenamiento es de 3.500m3, las pajas autorizadas serán de 4000. De dicha comunicación se le remite copia al Presidente Ejecutivo y al Gerente General de dicho Instituto.

Es importante mencionar que en la cláusula segunda y sétima de la carta de entendimiento, que se analizó en el punto 2.1 de este informe, se estableció que: "Todas las obras se construirán de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas y aprobadas por AyA…". "Las instrucciones giradas por AyA, serán de acatamiento obligatorio por parte de los constructores.". En vista de lo anterior, lo que procedía era que la administración tomara acciones concretas para exigir el cumplimiento de la edificación de esos tanques, de acuerdo con los requerimientos técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema, pero como se construyeron tanques cuya capacidad de almacenamiento total es de 3.500 m3, el Director de la Dirección de Estudios y Proyectos indica que las pajas autorizadas serán 4000 pajas, o sea rebajando sólo 1.000 de las 5.000 establecidas en la carta de entendimiento.

h) En relación con el presupuesto requerido para la construcción de los tanques de almacenamiento dejados de construir en el proyecto El Coco- Ocotal, el Director de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA, señaló que el tanque de 1000 m3, costaría US$275.000,00 (incluye desmantelamiento tanque metálico existente) y el de 2500 m3, US$600.000,0043, para un total de US$875.000,00.

i) Tal como se desprende de la declaración jurada de compromisos ambientales rendida el 21 de enero de 2008 a la Secretaría Técnica Ambiental, el Gerente General del AyA de ese entonces, gestionó ante SETENA la viabilidad ambiental44, pero señalando que los tanques de 5.000 y 2.000 m3 serían construidos en dos etapas, la primera fase de 2.500 y 1.000 m3., o sea dicho funcionario avaló la construcción de los tanques en dos fases, no obstante que la Dirección de Estudios y Proyectos realizó varios estudios en los que señala que disminuyendo los tanques a la mitad de su capacidad de almacenamiento, no es posible abastecer la zona de Ocotal. Además, que en el terreno donde se hizo el levantamiento del tanque de 2.500 m3 ya no hay espacio para construir otro; que las condiciones hidráulicas del modelo y el uso de válvulas de regulación de presión no permiten modificar el sistema para funcionar con un solo tanque; que se estaría con un déficit de almacenamiento y que tomando en cuenta la población actual que se atiende con el acueducto del Coco, solo quedarían disponibles 4.745 servicios, de los cuales 4.000 serían para los desarrolladores y 745 para el crecimiento vegetativo.

Conviene señalar que la Junta Directiva del AyA en la sesión extraordinaria No. 2008-042 del 1° de julio del año en curso, acuerdo 2008-328, indicó que la Administración Superior no aprobó la disminución en los volúmenes de almacenamiento en los tanques.

Es importante destacar, que el AyA no está facultado para otorgar prioritariamente agua a los desarrolladores ni a particular alguno, pues el servicio público se rige por principios de universalidad, lo que implica igualdad de derecho al acceso del servicio de agua potable para los usuarios, tomando en consideración que con los 70 lps que el MINAET y el SENARA recomiendan explotar del acuífero de Sardinal, sólo se podrán brindar 2979 servicios nuevos.

Cabe mencionar que de acuerdo con el artículo 14 inciso i) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593 del 9 de agosto de 1996, el AyA, debe estar preparado "para asegurar, en el corto plazo, la prestación del servicio ante el incremento de la demanda.", o sea, ese Instituto, en cumplimiento a los principios fundamentales del servicio público, debe asegurar la continuidad y eficiencia del proyecto del acueducto El Coco-Ocotal. Para tal fin, debe realizar los estudios técnicos que demuestren que no se está comprometiendo el recurso hídrico existente ni menoscabando en forma alguna los derechos de la colectividad actual o futura, tal como lo señaló la Procuraduría General de la República en su Criterio C-218-2008 del 25 de Junio de 2008, por lo tanto, el sistema a construir tiene que ser de tal capacidad que no comprometa la calidad del servicio a los usuarios de la zona.

Debe indicarse que de conformidad con los artículos 2, inciso e) y 21 de la Ley No. 2726, al AyA le corresponde las siguientes funciones:

"Artículo 2°.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

(…)

e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los reglamentos respectivos;

(…)

Artículo 21.- Todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el que podrá realizar la inspección que estime conveniente para comprobar que las obras se realizan de acuerdo con los planes aprobados."

En relación con la tutela y fiscalización de las obras que le compete al AyA, conviene citar que la Procuraduría General de la República en su criterio jurídico No. C-218-200825 de Junio de 2008 señaló lo siguiente:

"… cualquier obra que realice el urbanizador en materia de acueductos y alcantarillados, pasará a formar parte del patrimonio del Estado, a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como entidad rectora en esta materia, pues será ésta la que realice su administración en forma directa por disposición legal (salvo claro está las excepciones contempladas en su propia ley constitutiva)./ En virtud de lo anterior, el proceso constructivo de tal infraestructura reviste de un marcado interés público, en la medida que la obra es necesaria e instrumental al servicio público que se brindará. Lo anterior no sólo justifica la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados durante la construcción, sino que lo obliga a ejercer todos sus poderes de tutela y fiscalización para garantizar que reúna los requisitos necesarios para brindar un servicio público eficiente. Tal como indicó esta Procuraduría en el Dictamen C-243-95 del 27 de noviembre de 1995: "… el AyA tiene como finalidad planificar, construir y operar la infraestructura necesaria para abastecer de agua potable y vigilar la planificación, construcción y operación de la misma realizada por los particulares con el indicado fin."

De acuerdo con los hechos antes descritos se concluye que la Administración del AyA tuvo conocimiento de que se estaban construyendo los tanques con una capacidad inferior, pero no ejerció todos sus poderes de tutela y fiscalización para que esta obra se llevara a cabo de acuerdo con los requerimientos técnicos aprobados para el buen funcionamiento del sistema, y optó únicamente por disminuir la cantidad de pajas a otorgar. Ante la disminución en la capacidad de almacenamiento no hay certeza que se pueda cumplir con las expectativas de los nuevos servicios que se pueden prestar.

Cabe señalar que en la presentación preliminar de resultados de este informe, el Ing. José Luis Arguedas Negrini, Director de la Dirección de Estudios y Proyectos del AyA, manifestó que por la forma en que fue construido el tanque de 2.500m3, sí permite la edificación de otro para aumentar el volumen de almacenamiento. Al respecto, debe indicarse que la información que sustente el criterio del Ing. Arguedas Negrini, deberá ser remitida al Área de Seguimiento de Disposiciones de esta Contraloría General, debidamente respaldada, como parte de la respuesta a la disposición 4.2, inciso b) de este informe.

Finalmente, según lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley No. 7593 del 9 de agosto de 1996, corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, para lo cual cuando lo estime conveniente debe realizar las inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar dicho servicio público, y verificar el cumplimiento de las citadas normas, los costos, precios y las tarifas del citado servicio.

2.6. VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO.

En relación con los trámites de viabilidad ambiental del proyecto, este órgano contralor determinó lo que a continuación se indica:

a) La empresa Coco Water S. A., tal como quedó establecido en las cláusulas segunda y tercera de la carta de entendimiento, tenía legalmente el deber de tramitar ante SETENA la viabilidad ambiental del proyecto; sin embargo, el 12 de setiembre de 2006, el Sub Gerente General de ese entonces, presentó a nombre del AyA, el "Documento de Evaluación Ambiental (D1) del Proyecto Mejoras al Acueducto de El Coco-Ocotal45.

Según lo dispuesto en el artículo 5° del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental46, el desarrollador y el consultor ambiental que firman el formulario D-l son los responsables de la información legal, técnica y ambiental que se aporte en dicho documento. Tal como ha quedado demostrado, la empresa Coco Water S.A. es la empresa responsable de desarrollar con sus recursos propios el citado proyecto.

b) El 27 de octubre de octubre de 2006, SETENA emitió la Resolución No. DGI-1703-2006, mediante la cual se resuelve lo siguiente: "A efecto de continuar con el proceso de evaluación ambiental, se le solicita al desarrollador la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales…". En dicha resolución se establece que el plazo para la presentación de la declaración es de 30 días hábiles contados a partir de su notificación y que en caso de incumplimiento, se concederá por una única vez, un plazo de diez hábiles para que el desarrollador se ponga a derecho, caso contrario se aplicaría lo que establece la legislación ambiental vigente.

En la citada resolución, simplemente se solicita una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, no obstante que por la magnitud del proyecto descrita en el Anexo No. 1 que se adjuntó al formulario D1, y por así disponerlo el artículo 9º del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental47, debió exigirse, como mínimo los siguientes documentos:

1. Los planos catastrados y la certificación de propiedad de los inmuebles donde estarían ubicados los tanques, las estaciones de bombeo y los terrenos donde se perforaron los pozos para la extracción de agua para los fines del proyecto del acueducto. De acuerdo con la normativa se debe aportar la documentación legal que demuestre que las obras se ubicarán en terrenos propiedad del solicitante.
2. El estudio geotécnico de suelos, el estudio de Ingeniería Básica del Terreno y el Estudio de Geología Básica del Terreno.

Sobre dichos estudios, simplemente el Sub Gerente del AyA presentó como Anexo una hoja donde brinda una breve explicación del porqué no se aportan, no obstante que los artículos 7º y 8° del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, establecen claramente que en caso de que el consultor ambiental responsable no considere necesario la elaboración del Estudio de Ingeniería Básica del Terreno y el Estudio de Geología Básica del Terreno, debe aportar una certificación en forma impresa o digital con los datos generales del proyecto (nombre y ubicación), el nombre completo, calidades, número de colegiado y firma del profesional correspondiente indicando el fundamento y las justificaciones técnicas por las cuáles no se requiere su elaboración.

3. Como Anexo al D1, se aceptan dos hojas impresas con unos cuadros en los aparece un detalle del costo de las obras por un total de $3.292.448,79, no obstante que de acuerdo con lo establecido en el inciso 5° de artículo 9 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, debió exigirse una certificación emitida por un Contador Público Autorizado (CPA), sobre el monto total de inversión del proyecto, el cual debía incluir el costo de los inmuebles donde se perforaron los pozos y donde se edificarían los tanques de almacenamiento. Dicha normativa establece que "Cuando la actividad, obra o proyecto, involucre obras constructivas, se faculta al desarrollador para presentar en lugar de la certificación del CPA, una que contenga la tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la cual debe estar firmada por el profesional responsable de su diseño.".

c) El 22 de noviembre de 2006, SETENA emitió la Resolución No. 2219-2006, en la que se concede un nuevo plazo de 30 días hábiles para que se presente la "Declaración Jurada de Compromisos Ambientales", lo cual le es notificado el mismo día al Sub Gerente General del AyA de ese entonces; sin embargo, 11 días atrás ya a dicho funcionario el Fiscal de Coco Water S. A. le había comunicado el inicio de las obras en el proyecto, pero el Instituto no toma ninguna acción para suspender la obra.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 del 4 de octubre de 1995, es un requisito indispensable para iniciar las obras, contar de previo con la evaluación de impacto ambiental por parte de SETENA y según lo dispuesto en el artículo 11° del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ni siquiera contando con un visto bueno ambiental, de tipo temporal (Viabilidad Ambiental Potencial), se podía comenzar las obras en el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal.

d) El 9 de julio de 200748, el Auditor Interno del AyA hace diversas consultas a SETENA sobre la viabilidad ambiental