Pronunciamiento del Frente de la UCR contra el TLC

El Frente de la UCR contra el TLC llama a la movilización contra el proyecto minero Las Crucitas y el decreto presidencial que lo legitima

El Frente de la UCR contra el TLC, como organización que agrupa a académicos, funcionarios y estudiantes de la UCR en contra de las políticas del neoliberalismo en nuestro país, hace un llamado a todas las fuerzas patrióticas del país a movilizarse contra el decreto presidencial No. 34801-MINAET, firmado por presidente Oscar Arias y su ministro Roberto Dobles. Este decreto avala la destrucción de los bosques de la región de las Crucitas, en la región norte de Costa Rica, con el fin de desarrollar en la zona una de las actividades humanas más destructivas: la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro. Al mismo tiempo, advertimos a la opinión pública nacional que este proyecto, a ser desarrollado por la empresa canadiense Vannesa Ventures Inc. (através de su subsidiaria nacional Industrias Infinito), es un ejemplo de las consecuencias del mal llamado libre comercio y de los tratados comerciales que favorecen la inversión extranjera sin controles ni límites.

La historia enseña como las empresas mineras de capital norteamericano han dejado un rastro de destrucción ambiental, pobreza y abandono a lo largo de las historia de la minería del oro en Costa Rica. Primero en las Juntas de Abangares y la Península de Osa, y después con la minería de oro a cielo abierto en Macacona, Beta Vargas, Minera Bellavista en Miramar y finalmente Las Crucitas, todas han mostrado el mismo saldo negativo de destrucción ambiental, ingresos limitados a la población local y al país, y enormes ganancias para las empresas mineras, cimentados en los altos precios del oro en el mercado internacional. El mismo registro de abandono y destrucción ambiental se observa en los proyectos mineros de América Central, como Bonanza, Rosita, Siuna en Nicaragua; el Valle del Siria en Honduras y Zipacapa en Guatemala.

El oro del suelo y subsuelo de la localidad de Las Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua, ha sido codiciado por varias empresas mineras canadienses, desde el inicio de las operacioes del la transnacional canadiense Placer Dohme Inc. a inicios de la década de los 90. Desde ese momento, ambientalistas, organizaciones populares de la Zona Norte, y lo mejor de la conciencia nacional se movilizaron contra este proyecto, primero contra la adjudicación de las concesiones mineras, y después contra el otorgamiento de la viablidad ambiental por parte de la SETENA. Las razones son obvias:

las empresas mineras destruyen por completo la cobertura forestal compuesta de bosques primarios, secundarios y pastos arbolados en la zona de explotación, acabando en un instante con miles de especies de plantas, hongos, animales y microrganismos, componentes del ecosistema de bosque tropical. La lapa verde y el almendro de montaña son solo dos ejemplos destacados de esta biodiversidad, que han recibido protección especial del estado costarricense, violentada por el decreto ejecutivo presidencial. En total, el gobierno autorizó la destrucción, por parte de la empresa, de cerca de 230 hectáreas, incluida la zona de tajos, las bodegas, las pilas de colas y la planta de procesado del minera. Dentro de esta área se incluye 191 hectáreas de bosque primario y secundario. La restauración del bosque, del suelo y del subsuelo (todo el Cerro La Botija y el Cerro La Fortuna) será lenta y compleja (cientos a miles de años), y no fácil y expedita como anuncian los voceros de la empresa.

la empresas mineras excavan grandes tajos para extraer el suelo y subsuelo, dejando el terreno expuesto a la erosión y la sedimentación de las cuencas hidrográficas cercanas. Es necesario extraer y triturar una tonelada de tierra para obtener un poco más de un gramo de oro. Suelos que producían poca erosión ahora liberarán muchas toneladas de sedimentos, especialmente en la época lluviosa, y este fenómeno sólo puede ser controlado parcialmente por las empresas mineras. Prueba de ella es el desastre ambiental de la empresa Bellavista en Miramar, donde grandes deslizamientos de tierra provocaron la paralización del proyecto e impactos ambientales todavía no bien estudiados. En el caso de la empresa Crucitas se pretende excavar un tajo de 60-70 metros de profundidad, utilizando explosivos, en una zona dondela abundante precipitación local moverá los sedimentos a quebradas y ríos que drenan a la cuenca del río San Juan.

las empresas mineras juegan con la vida, al usar substancias tóxicas como el cianuro en enormes volúmenes para extraer por reacciones químicas el oro del suelo y la roca. El cianuro es un compuesto tóxico que bloquea la respiración de los seres vivos en dosis muy pequeñas . Este compuesto será mezclado con grandes volúmenes de agua (cerca de 34,700 litros de agua por hora) y el material rocoso, para después ser almacenados en lagunas de “colas”, a la espera de que alguna infiltración o derrame accidental pueda llegar al suelo y a las aguas de las que depende la vida silvestre y la población humana. La liberación de metales pesados, elementos altamente tóxicos y de difícil degradación, son otro subproducto de la erosión de los suelos y los lavados con cianuro realizados por estas empreas mineras.

El presente gobierno ha mostrado una vez más su completa sumisión al capital transnacional, facilitando a la empresa Vannesa Ventures el otorgamiento de la viabilidad ambiental (Resolución Nº 170- 2008-SETENA, l 4 de febrero del 2008), derogando el decreto de moratoria de la minería a cielo abierto decretado por el gobierno de Abel Pacheco (Decreto R-217-2008-MINAE ), para finalmente cometer la aberración jurídica y ambiental de decretar el proyecto de interés publico (Decreto 34801-MINAET ), posiblitando de esta manera la destrucción de 191 has de bosque dentro de las 200 has intervenidas directamente por la mina.

Debe destacarse que durante todo el trámite de los permisos ambientales, así como en el período de moratoria de la minería a cielo abierto en Costa Rica, Vanessa Ventures presionó al gobierno costarricense con demandas millonarias, amparados en el tratado de libre comercio entre Costa Rica y Canadá. Destacamos este hecho como una prueba más de la incoveniencia para el país de los tratados bi-laterales de libre comercio con Estados Unidos y cualquier país que nos obligue a conceder privilegios legales abusivos a las empresas transnacionales, como lo hace el TLC con Estados Unidos. Por lo demás, el ejemplo de Crucitas muestra como un proyecto de altísimo impacto ambiental, consigue todos los avales ambientales, gracias a las limitaciones de la legislación y las instituciones ambientales del país, así como a los compadrazgos oficiales de un gobierno entreguista. No puede haber un mejor ejemplo de lo que le espera al país cuando se efective el TLC USA-CR.