lunes, 24 de noviembre de 2008

Algo está podrido en la DIS, advierten diputados

Ojo Crítico

Rodolfo Cerdas Cruz

O bien el subdirector de la DIS sabía lo que estaba ocurriendo y entonces estaba de acuerdo; o no lo sabía, y, entonces, ¡qué clase de inteligencia la que pagamos! Un Gobierno serio ya habría pedido la renuncia de todos los encargados, comenzando por el Ministro, ya por culpa in eligendo (escoger mal), o culpa in vigilando (no vigilar bien). Pero aquí sería esperar guayabas de un cafeto.

El problema es más grave, pues se evidencia la capacidad del Ejecutivo para violar la privacidad ciudadana y para espiarla, sin controles ni rendición de cuentas y al arbitrio y capricho del ministro de la Presidencia y sus ayudantes. Lo cual no es nuevo, pues ya se sabía de este espionaje oficializado y nadie hizo nada. Pero lo de ahora es el colmo, subraya lo intolerable de su existencia y exige acabar con este atentado oficial a la privacidad.

Este monstruito en crecimiento, antidemocrático y anticonstitucional, carece de control legal y lleva en sí el virus del abuso de poder. Es un instrumento político disfrazado de policial, para invadir el ámbito privado de la ciudadanía. Muestra la intolerable aberración institucional y política de un espionaje que, en nombre de la seguridad, solo puede conducir al abuso del poder. Que sea un mal viejo y con una mala ley, solo hace más urgente acabarlo.

Mientras el Gobierno pueda invadir a voluntad la vida privada sin ir antes a los tribunales y haya entes privados que recolecten y vendan los datos íntimos de personas y empresas, la autonomía y la libertad del ciudadano, en especial frente al Estado, serán siervas silentes, pasivas y extorsionables de quienes tengan el poder para usar esa espuria información.

Esa es la ruta de 1984 y del Gran Hermano, de la KGB, la Stassi, la Gestapo y, más recientemente, de las agencias de seguridad que, enloquecidas por la lucha antiterrorista, han violado los derechos humanos e instaurado la tortura. EE. UU. y otros países, por decisión judicial, han empezado a rectificar este rumbo fatal. Pero, mientras allá rectifican, aquí el gobierno de un nobel de la Paz espía a sus compatriotas y, sin querer queriendo, facilita la acción a mafiosos.

El peligro de este espionaje es proporcional al poder que brinda. El escándalo lo demuestra: gracias a él se identificaron las víctimas estafadas. Y en el ámbito político, ¿qué no podría suceder? Por menos de eso cayó Nixon. Los partidos que no sean sellos de hule del Ejecutivo y donde haya vergüenza y pasión por la libertad, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Abogados, la prensa independiente y, en su momento, la Sala IV deben acabar con este desafuero. ¿O es que solo somos siervos menguados?

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