martes, 17 de febrero de 2009

SIICE a la opinión pública

El Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, RACSA y CNFL

A la opinión pública:

Un hecho universalmente aceptado, es que en una verdadera democracia debe existir una descentralización del poder, sobre en todo en función de competencias técnicas especializadas de ciertas instituciones o empresas del Estado. Así fue entendido al redactarse el artículo 188 de nuestra Constitución Política: “Las instituciones autónomas del Estado gozarán de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno”. La Sala Constitucional en su Voto No. 2002-12019, del 18/12/2002, ratifica dicha autonomía cuando establece: “…no es válido que el Ejecutivo ni ninguna otra dependencia administrativa obligue a los entes autónomos a actuar, condicionados de tal modo que, sin su autorización no puedan llevar a cabo sus funciones”.

En el momento en el que el Gobierno Central pueda doblar rodillas de las instituciones técnicas, obedeciendo a criterios eminentemente políticos, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que se ha quebrado en el sistema de distribución del poder previsto por el constituyente. Hay democracia donde aparece división de poderes, descentralización funcional y técnica, participación ciudadana y derecho para las minorías. Hay democracia cuando existe Estado de Derecho, cuando son las leyes las que norman el comportamiento de las personas y no las decisiones de una persona concreta o un poder exclusivo.

Vemos con mucha intranquilidad la “recomendación” del Ejecutivo que pide al ICE, el pasado 21 de agosto de 2008, desechar el proceso de la Licitación Pública No. 2008LI-000051-PROV para la adquisición de soluciones inalámbricas de tercera generación, inmiscuyéndose en actividades especializadas y técnicas de exclusiva responsabilidad del ICE quien era el único que podía decidir la inconveniencia o no, de la oferta presentada.

Igual asombro nos provocó que el día 27 de enero de 2009, se reunieran en la casa del Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia, el Regulador General (jefe de la SUTEL) y el Presidente Ejecutivo del ICE, para “discutir” el tema del aumento en las tarifas anunciadas unilateralmente por el ICE. Fue tan público el hecho que el 3 de febrero, La Nación informa: “Luego de reunirse con el presidente Óscar Arias, las autoridades del ICE decidieron bajar las tarifas de Internet hasta en un 40% a partir de esta semana. Ayer, en la casa del presidente Arias, en Rohrmoser, el jerarca del ICE echó marcha atrás en su decisión inicial” dejando en entredicho la independencia obligada del Regulador y materializada en una inconveniente afectación a un operador por esta “intervención del Ejecutivo”.

Resulta inadmisible, inconveniente e inconstitucional la intromisión directa del Ejecutivo en las decisiones técnicas de instituciones autónomas. De igual forma es inadecuada su intervención en las decisiones del Ente Regulador, quien con la aceptación de tales hechos, pierde credibilidad y objetividad para llevar a cabo su labor de regular el servicio y fijar tarifas. El diseño constitucional y legal de nuestro país no coloca al Poder Ejecutivo ni al Presidente de la República como superior jerárquico de las instituciones del Estado. Las facultades de tutela y de dirección que tiene dicho Poder no implican la intervención directa ni la de jerarca administrativo del Presidente sobre la administración descentralizada, mucho menos cuando se trata de competencias técnicas que la ley ha atribuido a una institución como el ICE. Esto es especialmente preocupante en momentos en que se avecinan decisiones de gran relevancia para el país, como son las concesiones del espectro radioeléctrico y autorizaciones para empresas privadas transnacionales y nacionales, así como otra serie de obligaciones que la ley le impone a la SUTEL con el requisito irrenunciable de independencia y objetividad.

Llamamos a las autoridades del Estado, en especial a sus tres poderes, a respetar nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. No hay excusas que valgan para justificar la intromisión política, sobre todo en momentos en que el mundo reconoce los fracasos de un modelo económico que ha favorecido a los grandes capitales, creando pobreza, desigualdad, dolor humano y destrucción del medio ambiente.

Seguiremos denunciando a la opinión pública –como lo hemos hecho siempre- cualquier intromisión del Poder Ejecutivo u otros poderes en las instituciones del Estado imponiendo su criterio y ocasionando con ello un daño irreparable a nuestra democracia y al Estado Social de Derecho, en especial cuando la corrupción tiene un terreno fértil para que se repitan los hechos que han caracterizado los procesos de apertura de los servicios públicos en la mayoría de los países de América Latina.

SIICE

“Responsabilidad y presencia en la vida nacional”

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